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El nuevo portavoz del Partido Cambio Climático del Congreso de los Diputados, Manuel González Ramos, mostró la oposición del PSOE tanto a las prospecciones petrolíferas que se han autorizado en el entorno de la Comunidad Autónoma de Canarias como a los proyectos de fracking que se están investigando en el territorio español. En la primera comparecencia de González Ramos como portavoz socialista en Comisión, el diputado calificó como «auténticas burradas medioambientales» las autorizaciones del gobierno del Partido Popular en zonas como, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha o la provincia de Albacete «por cuanto afectan a terrenos y parajes de alto nivel ecológico», justificó.
El portavoz lamentó que el Partido Popular, con el ministro de Industria a la cabeza, apueste por el fomento de «prospecciones petrolíferas al lado de Canarias» o por «defender el fracking en toda España», y aseguró que el Grupo Parlamentario Socialista «echa de menos que el Gobierno de España en lugar de ir para adelante y tener perspectivas de futuro aprovechando las oportunidades que nos puede generar el momento actual, vaya para atrás con técnicas como el fracking» o con la búsqueda de petróleo «cerca de paraísos turísticos que no podemos dañar». «Y encima tenemos una tarifa eléctrica tremendamente alta, sobre todo para aquellas familias que no la pueden pagar, familias que se encuentran en situación de pobreza energética», subrayó.
En su intervención, González Ramos recordó que la apuesta del PSOE es radicalmente distinta «porque nuestro líder Pedro Sánchez apuesta claramente por mitigar los efectos negativos de los gases de efecto invernadero y, concretamente, por potenciar las energías renovables, entre otras muchas medidas»; y consideró la «amenaza de cambio climático» como una «oportunidad para España», en el sentido de que las energías verdes podrían crear tres millones de empleos «en muy poco tiempo».
«Además, en el medio y en el corto plazo reduciríamos la dependencia del petróleo, potenciaríamos mundialmente las energías renovables, la investigación y el desarrollo y la potencia energética de estas energías alternativas», concluyó, asegurando que España «podría estar en condiciones de exportar industria respecto a las energías renovables, posibilitaría la democratización de la energía, reduciría los costes empresariales, crearía nuevas oportunidades para las empresas españolas y al final cumpliría con el compromiso global que supone minimizar los gases de efectos invernadero».
