La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha condenado al Equipo de Gobierno de Carmen Bayod a readmitir a un ex trabajador municipal o a indemnizarlo con más de 100.000 euros por despido improcedente. El trabajador en cuestión es uno de los dos médicos del Centro de Medicina Deportiva del Instituto Municipal de Deportes, L.M.E.R., que suprimió Carmen Bayod en septiembre de 2012 y al que el Ayuntamiento ya indemnizó en aquel momento con más de 32.000 euros. Cuantía compensatoria que esta sentencia eleva ahora hasta los 104.000 euros.
“Se ufana y llena de orgullo la alcaldesa presumiendo de buena gestión y sus dotes para el ahorro y la eficiencia económica. Pues esta es una prueba más de todo lo contrario”, aseveró el concejal del Grupo Municipal Socialista Juan Antonio Belmonte, que añadió que éste constituye “otro lamentable capítulo más en el serial de despropósitos que este Equipo de Gobierno lleva practicando desde que impuso su Plan de Ajustes, especialmente sangrante en la parcela del deporte en nuestra ciudad”.
De hecho, el edil del PSOE incidió en la injusticia de un Plan, que de todas sus medidas de recorte, el 20% se cargaron sobre “las espaldas de trabajadores, del IMD”, a través de supresión de servicios y merma de sus condiciones laborales. Una “política alocada de despedir, de eliminar servicios municipales trae como consecuencia este tipo de varapalos” prosiguió Belmonte, que recordó como el Centro de Medicina Deportiva funcionaba, con gran aceptación de sus 28.000 usuarios, desde 1989 y era una referencia en el ámbito nacional. Circunstancias, precisó, que no consiguieron convencer a Carmen Bayod para que se replanteara su decisión de cerrar este servicio, que acarreó el despido de cinco profesionales de reconocido prestigio, de los que, de momento, uno de ellos fue despedido de forma improcedente.
Asimismo, Juan Antonio Belmonte se preguntó si “¿Para esto se contrató al gabinete jurídico Garcia Blanca Asesores y Abogados por 18.000 euros? Una empresa contratada por el PP en la Diputación y en el Ayuntamiento, que se ha especializado en despidos, ERES y mandar trabajadores al paro. Con la cantidad de letrados que tiene el Ayuntamiento y nos gastamos el dinero en malos asesores. Casi deberían pedirle responsabilidad subsidiaria por su nefasta gestión”.
Afirmación que el concejal socialista justificó leyendo literalmente un fragmento de los fundamentos jurídicos de la sentencia, en la que el juez asegura que “…se ha originado por el completo desconocimiento no ya de una determinada línea jurisprudencial, sino de una disposición legal (…) resulta que la empresa demandada ha desconocido de manera palmaria una disposición legal vigente desde hace más de cinco año (…) manifiesto desconocimiento del comportamiento exigible en el caso».
Belmonte también garantizó que el Grupo Municipal Socialista velará porque este nuevo desembolso económico que debe realizar el Ayuntamiento, para cumplir la sentencia, no tenga repercusiones añadidas en el Capítulo I de los Presupuesto del IMD, vía nuevos despidos o reducciones salariales a los trabajadores.
Por último, Juan Antonio Belmonte informó que Carmen Bayod conoce a la perfección que ésta no ha sido ni será la única sentencia condenatoria por despido improcedente. De hecho, concluyó, “ahora entendemos mejor porque ha provisto un fondo de contingencia cifrado en 450.000 euros para indemnizar por este concepto a parte de los 150 trabajadores que ha despedido desde que accedió a la Alcaldía”.
