La abogada defensora del ex párroco acusado de haber integrado una banda criminal dedicada a robos en viviendas en varias poblaciones de Albacete ha pedido hoy incluir en el procedimiento a varios testigos que probarían su inocencia.
Así, en la primera vista del juicio oral que se ha abierto hoy en la Audiencia Provincial contra 17 latinoamericanos dedicados a la comisión de robos y al tráfico de drogas, la defensora del ex párroco ha defendido que éste se relacionó con los otros acusados «cuando hacía su función sacerdotal» desconociendo su posible actividad delictiva.
La mayoría de los diecisiete procesados -siete mujeres y diez varones- están acusados de integrar una banda criminal que robó en diversas viviendas de poblaciones de Albacete, Jaén o Córdoba, y con la que el sacerdote habría colaborado dando información de posibles objetivos de robo en Alatoz, Carcelén y la pedanía de Casas del Cerro, en Alcalá del Júcar, donde oficiaba como cura.
En la primera sesión, los nueve abogados que defienden a los diecisiete procesados han pedido anular las escuchas telefónicas que hizo la Guardia Civil y que permitieron detener a los implicados a mediados de 2012.
La investigación policial se fijó primero en tres acusados de nacionalidad colombiana acusados de tráfico de drogas desde un establecimiento de la capital albaceteña y después continuó al seguir la pista a uno de sus proveedores, que integraba el grupo dedicado a robos, formado por todos los demás.
Respecto a la participación del sacerdote, Mario O.G., de 38 años y nacionalidad boliviana, la Fiscalía sostiene que, gracias a su profesión, «se ganaba la confianza de los vecinos y podía averiguar sus hábitos y el dinero o bienes que tenían».
E, incluso, a veces se hacía con las llaves de los domicilios «para que pudieran cometer los robos de forma impune y sin riesgo para ellos».
La acusación alude a un robo que planeaban cometer el 8 de julio de 2012 en un estanco de Las Eras, acto para el que el cura «debía llevarse a cenar» la encargada del establecimiento, siendo el cura quien avisó a los demás de que la mujer «volvió a su casa de forma sorpresiva», por lo que cancelaron el robo.
Aunque ni él ni su abogada han querido hacer declaraciones a los medios, ante el tribunal la letrada sí ha pedido incluir nuevos testigos que demostrarían que «Mario no pertenecía a ningún grupo delictivo» y que solo hubo dos días en que se relacionó con otros acusados, pero «haciendo su función sacerdotal».
