El Sindicato Profesional de Policías Locales de Castilla-La Mancha ha denunciado la “actitud dictatorial” del alcalde de Caudete, el popular José Miguel Mollá, “que se niega a abonar los servicios extraordinarios a los integrantes del Cuerpo de la Policía Local, derivados del cumplimiento del Acuerdo Marco en relación con los Fines de Semana de exceso del año 2013”.
Han recordado que “el art. 16 de las condiciones laborales de la Policía Local de Caudete establece claramente que a partir de los 23 Fines de Semana ordinarios, los agentes que trabajen en fin de semana de aquellos que se apuntan de forma voluntaria a realizar servicios extraordinarios, se les compensarán como los referidos servicios extraordinarios”.
También han denunciado que se niega a conceder el día adicional de asuntos propios que el Gobierno Central estableció para 2013, alegando presuntos incumplimientos de jornada laboral.
Y que “los agentes tuvieron que soportar la decisión del alcalde de no abonar la nómina del mes de diciembre de 2013, hasta el pasado 28 de enero, lo que además supone un importante agravio comparativo con el resto de empleados públicos del Ayuntamiento que cobraron la nómina y la paga extra la última semana del mes de diciembre, a excepción del colectivo de la Policía Local que solo cobraron la paga extra”.
“Esta acción que entendemos no ajustada a derecho, ha creado importantes problemas económicos en algunos de los agentes, que han tenido que pedir dinero a familiares, préstamos bancarios, para poder abonar sus recibos hipotecarios y de servicios, incluso alguno de ellos ha tenido que devolver recibos o pedir al banco que se los atrase. El pasado 09 de enero de 2014, los agentes tuvieron que solicitar por escrito el abono de sus nóminas, haciendo caso omiso el Ayuntamiento”, han reiterado.
Han advertido que “se ha puesto el asunto en manos de los servicios jurídicos del Sindicato para llevar a cabo las acciones legales oportunas, tanto para la nulidad del acto, el incumplimiento del acuerdo marco, además de no seguir los cauces legalmente establecidos, así como por la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento respecto de las perjuicios creados injustamente a los trabajadores, todo ello independientemente de las responsabilidades administrativas y/o penales que se pudieran derivar de los responsables de cualquier acción u omisión contraria a derecho”.
