Navarrete explicó que los 37 municipios de la provincia de Albacete se suman así a los más de 2.300 en todo el territorio nacional que se oponen por vía constitucional «en lo que supone un recurso con una legitimación de ciudadanía enorme, lo que es un hecho insólito». «Y todos unidos en un frente común contra una ley de fundamentación económica que utiliza a los ayuntamientos pequeños como cabeza de turco, sin considerar en ningún momento que son precisamente los ayuntamientos las administraciones que mejores cuentas presentan», añadió la dirigente socialista, para quien se trata de una ley «dañina para los pueblos y sus ciudadanos, que tendrán menos servicios y los que tengan serán más caros y menos eficientes, y que no cumple con los objetivos con los que fue planteada».

 

La secretaria de Política Municipal repasó algunas de sus principales consecuencias, como que «no evita duplicidades, no clarifica competencias, no simplifica, daña la autonomía local y la vida democrática, daña a los ciudadanos, aboca a la privatización de servicios públicos, desmantela servicios sociales y no va a producir ahorro». En definitiva, concluyó, «ataca y daña a la raíz misma del gobierno municipal e invade competencias de las comunidades autónomas».

 

Navarrete recordó asimismo que el recurso va a llegar al Constitucional siguiendo otras dos vías, al margen de la de los ayuntamientos, que son a través de las propias comunidades autónomas (seis de ellas lo han presentado) y a través de los diputados del Congreso, en representación de la mayoría de los Grupos Parlamentarios PSOE, Izquierda Plural, UPyD y Grupo Mixto. «Desde su anuncio, esta reforma ha generado un rechazo social unánime, puesto que también se han manifestado en contra sindicatos, organizaciones vecinales, trabajadores municipales y plataformas ciudadanas», finalizó.