El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Albacete presentó en la tarde de ayer un recurso especial en materia de contratación, ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que afecta a la adjudicación del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria de la ciudad.
Este recurso obedece, tal y como se recoge en su exposición de motivos, a que el proceso de adjudicación de este servicio observa graves defectos de forma, que, obviamente, afectarían e invalidarían todo el proceso, así como al objetivo de subsanar la previsible falta de viabilidad económica de la concesión, ya que la empresa adjudicataria, en su propia oferta reconoce que su gestión será deficitaria los primeros ejercicios. Un hecho que, ineludiblemente, solo podrá ser corregido a través de una minoración en la masa salarial o mediante aportaciones extraordinarias por parte del Ayuntamiento.
En lo que concierne a los defectos de forma, en el recurso del PSOE se argumenta que en la tramitación de la adjudicación se optó por la modalidad del contrato de gestión de servicios, cuando la naturaleza jurídica real de este contrato debería ser la de prestación de servicios.
La diferencia entre ambas opciones radica en que en la gestión de servicios la empresa asume un riesgo condicionado a la productividad de éste. Es decir, en función de sus resultados varían sus ingresos, y en este contrato en cuestión la empresa ingresará cada ejercicio la misma cantidad por parte del Ayuntamiento, sin que influya que se hayan recogido más o menos toneladas de residuos, ni el incremento de calles o el de la población de referencia. Por lo que se debería haber optado por la fórmula de la prestación de servicios, reservada para adjudicaciones de las administraciones de las características del modelo de concesión por el que ha optado el Ayuntamiento de Albacete.
De hecho, el propio Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, al que el PSOE ha dirigido su recurso, en numerosas resoluciones, establece esta misma diferencia entre gestión de servicios y prestación de servicios y en función de éstas el contrato de servicios de recogida de residuos y limpieza viaria de Albacete debería formularse como prestación de servicios y no como gestión de éstos, puesto que su beneficio no depende del número de vecinos y vecinas que generen residuos, el volumen de éstos o las calles a limpiar.
Asimismo, en el recurso presentado por el PSOE se sostiene que si la naturaleza jurídica del contrato es errónea, el procedimiento es nulo de pleno derecho, ya que la diferencia entre ambas opciones es sustancial, pues mientras que en el caso de la gestión, que es la opción por la que se ha tramitado el contrato, tiene un límite de vigencia de 20 años, el de prestación de servicios fija su duración máxima en 6 años, incluidas sus prórrogas.
A estos argumentos se suma, y así queda recogido también en el recurso del PSOE, que la adjudicación de este contrato administrativo ha estado rodeada de una profunda polémica y falta de transparencia y claridad, como evidencia que hasta en once ocasiones las empresas que concurrían en este proceso solicitaron aclaraciones de los pliegos de contratación, a pesar de su dilatada experiencia en la contratación pública en toda España, lo que denota que el pliego era manifiestamente mejorable.
Además, tres de las cinco empresas están en baja temeraria con respecto al presupuesto inicial del contrato elaborado por el Ayuntamiento en su estudio de costes, con bajadas superiores al 13% (entre ellas la empresa adjudicataria), cuando el límite establecido en los pliegos era del 5%. Es decir, doblaban la bajada prevista por los servicios municipales para garantizar la viabilidad del servicio.
En el escrito presentado ante el Tribunal por el Grupo Socialista también se alude a que cuatro de las cinco empresas fueron excluidas del proceso de contratación por parte de la Mesa de Contratación por contener errores en la formulación de la oferta económica ante la falta de claridad de los pliegos de contratación o que la mesa de contratación llegó a dejar desierto el concurso al no dar por buena ninguna de las ofertas presentadas, bien por baja temeraria, bien por error en la formulación de ofertas.
Pese a todo ello, finalmente, Javier Cuenca, en calidad de alcalde de la ciudad, firmó una resolución el pasado día 11 de enero, en la que adjudicaba el contrato a la empresa Valoriza Servicios Medioambientales, que planteó una reducción de casi del 14% sobre el presupuesto base de licitación. Es decir, sobre el coste que el Ayuntamiento valoró como idóneo para garantizar la viabilidad del servicio.
Por último, el PSOE también esgrime en su recurso que si en el primer año de gestión la empresa reconoce que tendrá unos costes para prestar el servicio muy por debajo del dinero que ingresará del Ayuntamiento, obviamente, su viabilidad económica está en tela de juicio a veinte años y sin posibilidad de variar el precio, de forma que no podrá ir acomodando la subida de precios o subidas salariales
El efecto inmediato de la presentación de este recurso es la paralización del procedimiento de adjudicación hasta que el Tribunal resuelva la petición del Grupo Municipal Socialista, que solicita que se anule la totalidad del procedimiento y se reinicie la licitación solventando los defectos señalados y tramitándola por el procedimiento de prestación de servicios.
