La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha dirigido una recomendación a las consejerías de Presidencia de todas las Comunidades Autónomas, incluida la de Castilla-La Mancha, para que los comedores escolares atiendan este verano a los menores en situación de mayor vulnerabilidad.
No resulta rara esta petición, que hay que tener muy en cuenta aquí, ya que la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en Castilla-La Mancha alcanza el 2013 el 36,7 por ciento de la población, según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) que detallamos hace unos días. Esto quiere decir que casi cuatro de cada diez albaceteños viven en situación de riesgo de pobreza. Además, se estima que el riesgo de pobreza entre la población infantil es del 31%.
El objetivo es asegurar que aquellos en situación de riesgo de exclusión, que durante el periodo escolar asisten a esos comedores, no se vean privados de una alimentación adecuada cuando termine el curso.
La Institución considera que garantizar esa adecuada alimentación infantil debe ser una prioridad para todos los poderes públicos y en ese esfuerzo deben comprometerse el conjunto de las administraciones públicas.
El año pasado el Defensor del Pueblo ya preguntó a las administraciones implicadas por el impacto de la pobreza en la nutrición de los menores y por las intervenciones previstas al efecto. A la Institución le preocupa que durante el período de vacaciones escolares, el cierre de los comedores pueda agravar las situaciones de precariedad.
