La Asociación de Docentes Interinos de la región denuncia que, desde hace unas semanas la Consejería de Educación vuelve a pedir un certificado de penales al profesorado interino para poder cubrir una sustitución.
En noviembre de 2015, la mayoría de los sindicatos manifestaron su rechazo ante esta medida por considerar que vulneraba el derecho a la intimidad de las personas y la Administración postergó su puesta en marcha.
Sin embargo, lamentan que “en las últimas adjudicaciones de nuevo se contemplaba el
certificado de penales dentro de la documentación a aportar por el profesor o profesora sustituta sin que se hubiera informado, ni dado ninguna explicación por parte de la Consejería”.
Dicen que “estamos de acuerdo con la nueva Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia que prevé la creación de un registro general de delincuentes sexuales y condenamos cualquier forma de violencia y abuso de menores, pero mientras se crea ese registro no se puede “discriminar” más al profesorado interino y exigirle una documentación que aún no existe y sustituirla por un certificado en el que aparece información reservada. Consideramos que con la firma de la “declaración jurada” en la que se incluye un apartado al respecto podría ser suficiente de momento”.
Solicitan una mayor cooperación y coordinación entre las distintas administraciones para prevenir este tipo de delitos sin que el coste económico y de vulneración de derechos recaiga en los docentes interinos.
