CCOO, primer sindicato en Correos, ha dado la voz de alarma ante las consecuencias que puede acarrear la aplicación de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común, aprobada por el Gobierno en octubre de 2015. Y es que tal y como se plantea, sin que aparentemente nadie en el Gobierno ni en el Ministerio de Hacienda se haya percatado, la nueva regulación podría dejar a más de 16 millones de ciudadanos sin notificaciones y al descubierto en sus garantías jurídicas.
Esto es así porque una de las medidas incorporadas a la ley, el doble reparto de una notificación en horario de mañana y tarde en caso de que el notificado no se encuentre en su domicilio en el primer intento de entrega, resulta económicamente inviable. CCOO acusa al Gobierno de moverse en exclusiva por un afán recaudatorio y persecutorio hacia la ciudadanía, sin dotar al operador público de financiación para que pueda dotarse de una plantilla suficiente para garantizar la notificación fehaciente al ciudadano.
Las cifras y las condiciones de reparto pueden dar una idea de las dimensiones de esta medida: Correos, operador encargado legalmente de la prestación del Servicio Postal Universal, distribuye anualmente 60 millones de notificaciones de las diferentes Administraciones Públicas (estatales, autonómicas y locales) Al contrario de lo que sucede en otros países europeos, como Italia, donde las notificaciones las reparte en exclusiva el Correo Público, en España Correos accede al mercado de notificaciones administrativas en régimen de libre concurrencia junto al resto de operadores postales privados, sin garantizar su fehaciencia, ni por tanto, la seguridad jurídica ante los actos administrativos. Por ello, la legislación vigente obliga al operador público a concurrir con los operadores privados en los concursos públicos, repartiendo sólo aquellos que gana en la licitación. Dicho de otra forma, los sucesivos Gobiernos de PSOE y PP han puesto la seguridad jurídica del ciudadano a merced del mercado y la competencia. (PSOE primero, que concedía vía Decretazo el acceso a la Red Postal Pública a los operadores privados en 2006 y su Ley postal de 2010 que no lo corrigió; y el PP después, que ha mantenido la regulación y ahora impone estos cambios en los horarios de entrega)
Con la modificación introducida en la nueva ley, CCOO pone de manifiesto la imposibilidad de aplicarla sin incurrir en costes duplicados de plantilla y provocar una quiebra del propio operador: el coste de una notificación entregada en una sola jornada se duplica aritméticamente si dicha notificación ha de entregarse primero por la mañana y luego por la tarde, lo que hace inviable su reparto con las actuales estimaciones de coste. A cualquier operador privado le supondría una pérdida económica imposible de asumir una licitación de estas características, pues implicaría un cambio radical en la organización del trabajo, o la puesta en marcha de miles de contratos a tiempo parcial, o un sobreincremento generalizado de plantilla que Correos no tiene autorizado por parte del Gobierno.
Y si en centros urbanos, con gran concentración de población y mayores posibilidades operativas de reparto, sería una opción a considerar, en zonas rurales de baja densidad de población y periferia de núcleos urbanos sería totalmente inviable, lo que dejaría sin cobertura a más de 16 millones de ciudadanos y más de 8.400 unidades de población. El Gobierno vuelve a proyectar su idea de una sociedad con ciudadanos de primera y de segunda categoría, algo que CCOO rechaza de forma rotunda.
A la vista del desaguisado que podría provocar la iniciativa, CCOO ha exigido al Ministerio de Hacienda la necesidad de una moratoria, prorrogando la entrada en vigor de estos cambios en tanto no se halle una solución que garantice un derecho esencial, como el de recibir notificaciones de forma fehaciente, para los millones de ciudadanos que podrían verse afectados. Para CCOO, esto pasa porque las notificaciones sean prestadas por el operador público en su totalidad y con los recursos suficientes. Sólo así se garantizaría su fehaciencia y la seguridad jurídica de la ciudadanía frente a los actos de la Administración.
