Los grandes ayuntamientos de nuestro país están obligados a implantar nuevas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), entre ellos el de Albacete, tras la orden que en su día, año 2023, emitió el Gobierno y que fue aprobada en la nueva Ley de Cambio Climático. Pero la medida ha sido ya abolida en Francia y, en España, la medida podría correr la misma suerte. Son varios los recursos, de ciudades españolas principalmente del norte que están llevando el asunto a los tribunales, alegando la marcha atrás del país vecino en esta decisión y justificando que aquí se adopte la misma decisión.
De momento, en España, sí se sabe que más de 100 ayuntamientos del país están obligados a ponerlas en marcha antes de este verano -fecha tope que ha dado el Ejecutivo central- o no podrán acceder a las nuevas ayudas del Gobierno al transporte público.
El de Albacete es uno de los Ayuntamiento donde la normativa está en desarrollo, como ha venido señalando el Consistorio y recoge también el mapa oficial de ZBE, elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
En este mapa se pone de relieve que, por ahora, sólo hay 54 ciudades que las tenga ya vigentes. Más de 90 están en proceso -es el caso de Albacete- y 20 no han empezado los trámites y se exponen a más sanciones.
Desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), aunque es favorable a implantar estas áreas por ser “claves para la transformación de las ciudades”, piden que estas actuaciones deben “acompañarse con una mejora integral del transporte público, de la ampliación de la infraestructura de dedicada a la movilidad activa y de una planificación estratégica que permita una transición eficiente y equitativa”.
Desde la FEMP se advierte que de no seguir la línea que proponen, las ZBE pueden terminar generando graves perjuicios a la ciudadanía y aseguran que esto ha empezado ya a ocurrir.
Consultar a los vecinos
En 2024, el Ayuntamiento de Albacete celebró unas jornadas de participación pública, como paso previo a la definición de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que debe implantarse en la ciudad. Recordaban entonces que esas reuniones formaban parte del proceso de escucha activa al que se ha comprometido reiteradamente el equipo de gobierno, dado que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes están obligadas a establecer estas zonas de tráfico restringido, según determina la Ley del Cambio Climático y Transición Energética
El primer teniente de alcalde y concejal de Movilidad, Francisco Navarro, recordó que “la ZBE incluirá medidas de acceso y circulación del tráfico, para reducir las emisiones contaminantes y el consumo energético».
Añadió que «desde el Ayuntamiento estamos convencidos de que la Zona de Bajas Emisiones no sólo es una obligación legal, sino que debe ser una oportunidad para avanzar hacia un nuevo modelo de ciudad. Queremos contar con todos para que la ZBE, más que una imposición o un conjunto de prohibiciones, suponga una mejora del bienestar y de la salud de la ciudadanía, lo que redundará en una mayor cohesión social y desarrollo económico”.
Desde la oposición, el PSOE viene apremiando al equipo de Gobierno popular para que ponga en marcha la medida, destacando la importancia para el medio ambiente y la lucha contra la contaminación y el cambio climático; mientras que Vox ha pedido que no lo haga al considerar que es «recaudatoria».
