Desde UGT Albacete queremos denunciar que las políticas europeas de migración y asilo, lejos de dar una respuesta solidaria, basada en el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, han puesto en grave riesgo las vidas de miles de personas, muchas de ellas mujeres y niños, convirtiendo el mar Mediterráneo en la mayor fosa común en el mundo donde han muerto más de 25.000 personas en los últimos 15 años. .
UGT Albacete al margen de participar en otros actos convocados en Albacete, ha querido reafirmar su rechazo al acuerdo UE-Turquia y en apoyo a los refugiados, en una concentración en las puertas de la sede del Sindicato, donde han participado todos los organismos del sindicato y se ha hado lectura al manifiesto
Europa tiene obligaciones, que son dar pasaje seguro, protección, refugio y asilo a las personas que huyen del horror de la guerra y eso no puede esperar; toca, hoy, aquí y ahora
Ante esta situación de vulneración de derechos humanos y la inaplicación del derecho al asilo a las personas desplazadas, pedimos a la UE y al Gobierno Español:
Cambiar el enfoque de las políticas de migración y asilo, poniendo en el centro a las personas y a sus derechos.
Cumplir de la legalidad europea e internacional.
Retirar el acuerdo de la UE y Turquía.
Habilitar vías legales y seguras para que las personas refugiadas no tengan que arriesgar su vida en peligrosas rutas.
Garantizar una acogida digna y adecuada protección que incluya la atención sanitaria y el respeto a los Derechos Humanos.
Garantizar la protección de las organizaciones y personas que apoyan a la población refugiada.
Apostar por una política europea y presupuestaria común que dé apoyo a la situación de refugiados y migrantes.
Agilizar la acogida de personas refugiadas a través de los programas de reasentamiento y reubicación.
Reforzar el sistema nacional de acogida a refugiados de manera acorde a la evolución de las necesidades con los recursos, número de plazas y presupuesto necesario.
Respetar escrupulosamente los derechos humanos en la frontera sur (específicamente en las fronteras de Ceuta, Melilla, Canarias y la costa marroquí) y en el resto de las fronteras europeas.
Velar por que el conjunto de actores políticos, económicos y sociales no empleen mensajes de carácter xenófobo, discriminatorio o racista hacia la población migrante y refugiada, que puedan contribuir a la generación de prejuicios y actitudes racistas o violentas hacia dichas personas.