El pasado 29 de julio, la jueza titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Albacete, decidía el archivo de la causa seguida contra el que fue jefe de la Policía Local de Albacete, Pascual Martínez Cuesta, causa que se inició a raíz de la denuncia presentada en 2018, por los dirigentes del Sindicato Profesional de Policías Locales de Castilla-La Mancha (SPPL), y el entonces concejal no adscrito, expulsado del Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Albacete, Pedro Soriano.
Los argumentos utilizados, «ahora desmontados por el auto de la jueza, fueron las presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución del contrato de Uniformidad de la Policía Local de Albacete, en el año 2014», como han informado desde Unijepol, en una nota de prensa.
Han considerado que, durante años, «los dirigentes del mencionado sindicato han venido utilizando diversas estrategias para acabar con la jefatura de Pascual Martínez, cuando, finalmente, en el año 2018, siendo alcalde de la Corporación Municipal de Albacete el popular Manuel Serrano; y el concejal de Recursos Humanos, Alberto Reina; dieron el paso de interponer una denuncia penal por la adjudicación, supuestamente irregular, llevada a cabo por el órgano de contratación municipal del que Pascual Martínez no formaba parte».
La acusación afirmaba que las prendas de uniformidad no se ajustaban a lo requerido en el concurso público, en base a aspectos totalmente irrelevantes, como el bordado de las letras, la forma que tenían las hombreras o la inclinación del ajedrezado, todos ellos sin valor sustancial.
Sin embargo, «en el expediente municipal se incluyeron informes, con cierto carácter tendencioso, tanto del Interventor General del Ayuntamiento de Albacete, como de un perito contratado y pagado por el propio consistorio», apuntan.
En contraposición, y en lo que se podría denominar una manifiesta ocultación de pruebas, en el expediente municipal no se incluyó la resolución del Tribunal de Cuentas del Estado, que había descartado perjuicio alguno para el Ayuntamiento; ni tampoco el informe del Servicio de Seguridad. Fue necesario que el propio Pascual Martínez aportara dicho informe, junto a otros de índole pericial, de contrastados especialistas, tanto en Derecho Administrativo como en Ingeniería Textil, señalan.
Así, según el auto judicial de archivo de la causa, “con relación a la adjudicación del contrato a la empresa Insignia, de las diligencias practicadas no ha resultado acreditado mínimamente ningún acto de connivencia, pacto o negociación previa entre las partes implicadas en el contrato mencionado con carácter previo a la adjudicación, ni la obtención a resultas de dicho contrato de algún enriquecimiento injusto”.
Igualmente, el auto refleja que no cabe hablar de prevaricación administrativa con relación al informe de adjudicación emitido por Pascual Martínez, ni que se haya acreditado ningún perjuicio a la administración.
Con el archivo decretado por la jueza, queda demostrada la falta a la verdad, así como la intencionalidad de los denunciantes. Además, los dirigentes del SPPL interpusieron la denuncia sin contar con la opinión de sus propios afiliados, dando rienda suelta a su afán de causar daño profesional y personal a Pascual Martínez, buscando el menoscabo de su prestigio y de su capacidad de dirección.
La Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (Unijepol), tiene el convencimiento de que los denunciantes eran plenamente conscientes desde el principio que su denuncia no tenía ninguna posibilidad de éxito, «pero que serviría perfectamente a sus objetivos de descrédito hacia el entonces Jefe de la Policía Local de Albacete».
En palabras del afectado, Pascual Martínez Cuesta, “lo primero y más importante es agradecer a muchísimas personas de todos los sectores de la sociedad albaceteña, y fuera de ella, su confianza y apoyo mantenido a lo largo de estos difíciles años. A la vez, el archivo es una decisión que hace honor a la justicia, que deja en evidencia las verdaderas pretensiones y mala fe de los denunciantes, que no solo están pagando abogados con renombre, sino que han depositado fianza de varios miles de euros, eso sí, a costa de los afiliados. Es la forma de proceder de, exactamente, tres personas en concreto, con el dinero aportado periódicamente por hombres y mujeres honradas que no se merecen esa representación”.
El gabinete jurídico que representa a Pascual Martínez, en colaboración con la asesoría jurídica de Unijepol, estudian ahora las medidas jurídicas a adoptar, para exigir las responsabilidades que correspondan a los autores de esta denuncia.
