La nueva ‘Ley de atención a la clientela’, aprobada en el Congreso de los Diputados la semana pasada y que continuará su trámite en el Senado, garantizará la accesibilidad universal e igualdad de trato de las personas con discapacidad y/o personas mayores en el acceso a los servicios de atención a la clientela. El nuevo texto permitirá que los consumidores cuenten con “una atención más rápida, accesible y personalizada”, y de manera especial, las personas en situación de vulnerabilidad.
En este sentido, el diputado nacional por Albacete, Emilio Sáez, ha explicado que la “la Ley reconoce que las personas con discapacidad forman parte de un grupo consumidor vulnerable, y les facilita el derecho a ser atendidas a través de canales adaptados, como mensajería escrita, lectura fácil, pictogramas, subtitulado, audiodescripción, mostradores adaptados o video-interpretación, obligando a las empresas a prestar apoyo personalizado cuando sea necesario y a formar a su personal para ser accesible e inclusivo”. Además, el consumidor puede solicitar ser atendido por una persona en cualquier momento, en lugar de máquinas o Inteligencia Artificial, prohibiendo de esta manera la atención exclusiva por sistemas automatizados.
Sin duda, como ha reflejado Sáez Cruz, “se trata de una cuestión de dignidad y de poner a las personas en el centro, garantizando la accesibilidad universal y la atención adaptada a las diferentes discapacidades, edad o situación personal
tanto en canales digitales y telefónicos como presenciales”. En concreto, el dictamen del Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela incluye mejoras para una atención telefónica gratuita, ágil, justa y personalizada, al tiempo que establece derechos y obligaciones para que las empresas actúen con transparencia y respeto hacia los consumidores.
Escudo social
Por otro lado, el diputado nacional ha puesto en valor que el Gobierno de España sacará adelante esta Ley, la primera norma que regula los servicios de atención al cliente y que establece estándares de calidad para garantizar que no se perpetran abusos al consumidor, “convirtiendo la atención al cliente en un mecanismo eficaz de resolución de conflictos, reduciendo litigios y el volumen de reclamaciones ante la administración”.
Entre las medidas que incluye el texto se encuentra poner fin a las llamadas spam, a los gastos de gestión inesperados, a las reseñas falsas o a las renovaciones de contrato no consentidas. Además, se establecen parámetros mínimos de calidad obligatorios para los servicios de atención a la clientela y se prohíben los números de tarificación adicional.
La ley también obliga a que el 95% de las llamadas sean atendidas en menos de tres minutos, evitando grandes esperas y aporta novedades para que las empresas sean evaluadas por organismos externos, de tal manera que el consumidor pueda saber qué calidad tiene el servicio de atención a la clientela de esa empresa.
Además, se reduce a la mitad el plazo para resolver reclamaciones, y es que, “los socialistas no podemos entender la política de otra manera que no sea la de la política útil, de servicio público que garantice el bienestar de las personas, y en este caso, la defensa del consumidor es una obligación moral y política para luchar contra los abusos”, ha afirmado Emilio Sáez, concluyendo que “el Gobierno de España sigue fortaleciendo el escudo para las personas que más lo necesitan”.
