Castilla-La Mancha afronta el último trámite parlamentario para la aprobación definitiva del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades para 2026, unas cuentas que entraran en vigor el próximo 1 de enero y que refuerzan el empleo, la inversión y la cohesión social, continuando con la “senda de prosperidad” iniciada en 2015, para “mejorar la calidad de vida y el bienestar del conjunto de la ciudadanía”.
Así lo ha defendido hoy el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en el pleno de las Cortes regionales, donde se está debatiendo el dictamen emitido por la Comisión de Economía y Presupuestos sobre este proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta, que asciende a 12.903 millones de euros, lo que supone una variación del 1,5 por ciento con respecto a 2025 y que se sustenta en cuatro grandes objetivos.
En primer lugar, consolidar el Estado del Bienestar para “reforzar la cohesión social de la región”, constituyéndose como eje central de estas cuentas, destinando el 72 por ciento del gasto no financiero, equivalente a 7.500 millones de euros a garantizar una redistribución justa de la riqueza. El segundo de los objetivos es el impulso de la actividad empresarial y la creación de empleo, con una dotación de 3.200 millones, convencidos de que el crecimiento económico es clave para sostener y mejorar los servicios públicos fundamentales.
El tercero de los objetivos a los que se ha referido el consejero es acelerar la transformación digital y la transición ecológica, como pilares de una economía más “competitiva y sostenible”; y, por último, la lucha contra la despoblación, hacer frente al reto demográfico, con un importe para 2026 que supera los 2.100 millones e implica de manera transversal a toda la política presupuestaria del Gobierno regional, situándose en este ámbito “a la vanguardia tanto en España como en Europa”.
Un presupuesto inversor y compatible con el equilibrio presupuestario
Durante su intervención, Ruiz Molina ha destacado que estas cuentas mantienen un “carácter inversor” destinando 1.560 millones a favorecer la actividad productiva y ampliar infraestructuras en el ámbito de los servicios públicos. Un presupuesto que es compatible, en primer lugar, con el equilibrio presupuestario, “no teniendo que solicitar más préstamos para el próximo año”, en cuyo caso ha lamentado que desde el Partido Popular no se hayan apoyado los objetivos de estabilidad para 2026 que se debatieron en el Congreso de los Diputados, y que daban un margen del 0,1 por ciento de déficit a las comunidades autónomas.
Además, ha pedido durante su intervención un “cambio de actitud” de cara a aprobar la condonación de la deuda que para Castilla-La Mancha supondrá un ahorro de 760 millones de euros en intereses, dejando de lado sus directrices nacionales y “defendiendo los intereses de la región”. Y, en segundo lugar, un presupuesto compatible con las nuevas reducciones fiscales relacionadas con el ámbito social, sobre todo con el tema de vivienda. Unas desgravaciones que se unirán a las ya aprobadas por el Gobierno regional en los últimos diez años, lo que ha permitido duplicar con creces los beneficios fiscales a los contribuyentes de la región desde 2015 y que va a suponer en 2026 un ahorro de 390 millones de euros.
Escenario económico-financiero muy positivo para Castilla-La Mancha
El titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha enmarcado este presupuesto en un escenario económico-financiero muy positivo, de estabilidad y certidumbre para Castilla-La Mancha, con una mejora en la calificación por parte de las dos principales agencias internacionales (Moody´s y Fitch); un escenario que se sustenta en numerosos indicadores como el del mercado laboral, con tasas de paro y ocupación a niveles de 2007; o de creación de empresas, con 25.000 más desde 2015. Pero, sobre todo, por el Índice de Confianza Empresarial que mejor sintetiza todos estos datos y que sitúa a la comunidad a la cabeza del ranking en confianza empresarial.
Por tanto, y así ha continuado, tenemos “los motores económicos muy bien engrasados”, somos la quinta en mayor tasa de crecimiento del PIB desde pandemia, la séptima con la mayor tasa de crecimiento desde el 2024, y estamos entre la tercera y la cuarta comunidad con la tasa de crecimiento de productividad más alta. Un marco que ha permitido elaborar estas cuentas desde el “rigor, la prudencia y la responsabilidad” porque “somos conscientes de que administramos recursos que pertenecen a la ciudadanía y que deben ir dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas y a contribuir al progreso de Castilla-La Mancha”.
Enmiendas sin rigor del Partido Popular
En este contexto, Ruiz Molina ha señalado que el Partido Popular ha presentado 1.150 enmiendas volviendo a incurrir en los mismos errores de ejercicios anteriores, “las hemos analizado con detenimiento, con el interés de aprobar alguna, pero nos ha sido imposible”, y se han rechazado por dos razones.: La primera porque el conjunto de sus enmiendas constituye un “catálogo de recortes”, suponen un “petardazo a la línea de flotación de estos presupuestos, un tijeretazo descomunal al gasto social, y que da apoyo a los colectivos más vulnerables de la sociedad”.
En esta línea, el consejero ha añadido que la primera “bofetada” se la llevarían los empleados y empleadas públicas de la Administración regional, a los que “habría que despedir”, teniendo en cuenta los recortes que proponen. Asimismo, en cuanto al contenido de las enmiendas ha advertido que “nos presentan un modelo de sociedad que asusta, porque básicamente no creen en los servicios públicos, en especial en los que se sustenta el Estado del Bienestar y abandonan a las personas más vulnerables”.
En este sentido, el consejero ha explicado que la aceptación de estas enmiendas generaría un déficit de 613 millones, lo que hace imposible llegar a un acuerdo en su tramitación”, y pone de manifiesto una coherencia preocupante porque “proponen en la oposición lo mismo que practicaron cuando estuvieron en el gobierno, aplicar importantes recortes dirigidos a las personas más vulnerables y aumentar el endeudamiento”, además de una política de rebajas fiscales.
Y ha concluido su intervención, señalado que “estas enmiendas evidencian, un año más, que el único modelo de sociedad que son capaces de ofrecer a la ciudadanía de Castilla-La Mancha es la de una región con menos Estado del Bienestar, menos riqueza y empleo y que empeora notablemente la calidad de vida y el bienestar del conjunto de la ciudadanía”. Un modelo que se contrapone al propio del Gobierno de la región y del partido que le respalda, que “pretende hacer partícipe a toda la ciudadanía de la riqueza que entre todos somos capaces de generar”.
