El derecho a la vivienda es uno de los ejes de la sociedad del bienestar, sin ese derecho, las personas se asoman a un precipicio de exclusión y de indignidad que empuja a nuestras sociedades al empobrecimiento.
En España, la crisis en este derecho ha puesto de manifiesto la especulación de los grandes tenedores de viviendas, las dificultades de las familias para cumplir las exigencias de un mercado que ahoga a inquilinos, bajo las condiciones impuesta por fondos de inversión, y, sobre todo, un sistema de oferta y demanda que ha conseguido subir precios y destrozar las economías de muchos hogares.
Ante estas circunstancias, el Gobierno de España, muy sensible a la preocupación generalizada de la ciudadanía, especialmente entre la población joven, ha implementado medidas para acabar de una vez con esta indignante especulación sobre un derecho y una necesidad de todas y todos los españoles. Y, ¿de qué manera?
Una de las primeras medidas que se van a llevar a cabo, es la de incrementar el presupuesto para vivienda hasta los 8.500 millones de euros, ocho veces más que la establecida por el gobierno de Rajoy en esta materia. Pero además, se crea, con todo lo que esto va a suponer, la primera Ley de Vivienda de la democracia, que blinda el parque público de viviendas, controla las subidas abusivas de precios y saca al mercado los pisos vacíos.
El termómetro que supone esta política, ya está dando sus primeros resultados, incrementando la oferta de vivienda pública y controlando el mercado especulador.
Pero no son solo cifras. Hablamos de una sensibilidad extraordinaria, un compromiso firme por el estado del bienestar y un trabajo destinado a dotar de calidad de vida a las personas, principal característica de los gobiernos socialistas. Nos importa generar riqueza para España, situando a nuestro país al frente de la economía europea; pero no podemos hacerlo si no tenemos en cuenta las necesidades reales, el cumplimiento de políticas destinadas a los trabajadores y trabajadoras, a las clases más vulnerables, con un compromiso real para alcanzar cotas altas de dignidad social.
A nadie se le escapa que la turistificación acarrea también el incremento de pisos vacacionales que provocan que los alquileres suban de manera descontrolada y, a su vez, presiona a las personas que han alquilado una vivienda en edificios sensibles a abandonarlas, porque la propiedad pretende especular con sus inmuebles.
El Gobierno de España ha destinado todos sus esfuerzos a regular estas prácticas, dando un impulso a las comunidades de vecinos para controlar las posibles acciones de venta para este fin, además de regular por ley el afán especulador de las grandes empresas inmobiliarias.
Porque creemos en la gestión directa ante un problema acuciante de las ciudades, en la función social de la vivienda, es por lo que estamos trabajando para solucionarlo de una vez por todas.
Con todo, se está consiguiendo un crecimiento muy significativo en la construcción de obra nueva, de vivienda protegida, triplicando la inversión pública en este sector, y financiando la inversión de las familias en medidas destinadas a la eficiencia energética que disminuyen significativamente los consumos en sus hogares.
Nadie puede ser ajeno al daño que supone la especulación en un asunto tan necesario como las políticas de vivienda. Creemos que cambiar esta situación es tan necesario como posible; y por ello estamos trabajando.
Tenemos que formar e informar, ser capaces de llegar con la gestión al mayor número de personas y, para este fin, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, nos acompañará el próximo miércoles, 25 de febrero, en un acto organizado por el PSOE en Albacete, a las 20.00 horas, en la Casa del Pueblo.
Seguimos avanzando, continuaremos haciendo políticas que incrementen la calidad de vida de todas y todos; y para este fin, facilitar el acceso a una vivienda digna es esencial. Sabemos cómo hacerlo y lo haremos.
Emilio Sáez Cruz
Diputado en el Congreso y secretario general del PSOE en la ciudad de Albacete
