CCOO Albacete ha valorado que la denuncia que puso ante la Inspección de Trabajo por el accidente laboral que sufrió un trabajador extranjero en situación irregular haya dado pie a la imposición de sanciones a la empresa por incumplimientos en materia de contratación y de riesgos laborales.
Para el secretario general de CCOO, Paco Gómez, el caso que originó esta denuncia es “un claro ejemplo de abuso y de explotación laboral porque confluyen en él todos los elementos de precariedad”: Una empresa intermediaria que se ocupa de captar personas trabajadoras, en este caso, en situación irregular para facilitárselas a una empresa que realiza trabajos en explotaciones agrarias; y una empresa que tiene a personas trabajando sin contrato, sin condiciones de seguridad y pagando muy por debajo de lo que establece el convenio.
Recordando como sucedieron los hechos, Paco Gómez ha explicado que fue en julio del pasado año cuando un trabajador de nacionalidad colombiana, que se encontraba desempeñando tareas en una finca agrícola de Santa Ana, sufrió un accidente al quedarse atrapado entre una máquina y el tractor que en ese momento conducía el dueño de la explotación. Tras el accidente, en lugar de llamar al 112, el empleador trasladó con sus propios medios al trabajador y a su hermano al Hospital de Albacete, sin notificar el accidente ocurrido, lo que supone una grave omisión del deber de asistencia y comunicación de un accidente laboral.
Y no sólo eso, sino que una vez en el hall del hospital, el empleador abandonó al trabajador sin facilitar sus datos personales, ni indicar el carácter laboral del accidente. Fue el propio personal sanitario el que, debido a la situación de desamparo en la que se encontraba el trabajador y la sospecha de irregularidades, comunicó los hechos a la Policía Nacional, que intervino para esclarecer las circunstancias del accidente y la identidad de la persona herida.
Paco Gómez ha apuntado que a esta persona y a sus familiares le recomendaron que vinieran a un sindicato, y gracias a la denuncia de CCOO se abrió la investigación que ha determinado las infracciones cometidas, por lo que ha animado a todas las personas trabajadoras que estén sufriendo abuso a nivel laboral que se atrevan a denunciar. “Este caso es la punta del iceberg, pero este tipo de situaciones se producen con más frecuencia de la deseable, y especialmente en el campo, donde no suele haber representación sindical que vigile y vele por los derechos de las personas trabajadoras”.
Resumiendo el resultado de la investigación de la Inspección, Paco Gómez ha indicado que se traducido en tres procedimientos sancionadores: uno a la empresa que efectuó labores de intermediación laboral; y los otros dos a la empresa de la explotación agrícola por haber procedido a la contratación de trabajadores extranjeros sin haber obtenido con carácter previo la correspondiente autorización de residencia y trabajo, y por incumplimientos en materia preventiva respecto a la utilización de equipos de trabajo que se entienden como causa del accidente sufrido por el trabajador.
Además, en lo que al trabajador accidentado se refiere, obtiene un recargo de prestaciones del 30 % que no se hubiera producido si no hubiera venido a Comisiones Obreras, y además podrá solicitar a la Delegación del Gobierno la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales por haber colaborado con la Administración durante el transcurso de la actuación inspectora.
Paco Gómez ha insistido en la necesidad de denunciar este tipo de comportamientos desaprensivos por parte de empresarios que se aprovechan de la situación de vulnerabilidad de las personas, y ha defendido el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes porque responde a una cuestión de humanidad y de igualdad ya que todas las personas trabajadoras deben tener los mismos derechos.
Por su parte, la secretaria provincial de Salud laboral, Nieves Díaz, ha señalado que en el día a día el sindicato mantiene una actuación de vigilancia, seguimiento y denuncia ante aquellas prácticas que vulneran la normativa vigente y que ponen en riesgo la salud de las personas trabajadoras. Prueba de ello es que durante el pasado año interpuso 70 denuncias ante Inspección, y en lo que va de año ya van 22.
Nieves Díaz ha destacado que una parte significativa de estas actuaciones suelen derivar en expedientes sancionadores, y a su vez, aproximadamente la mitad concluyen con un recargo de prestaciones porque se aprecia la responsabilidad empresarial debido a los incumplimientos.
