La concejal del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Albacete, Sonia Rosa Sánchez, ha anunciado hoy la presentación de una moción crucial destinada a reforzar las medidas municipales frente a la ocupación ilegal, manifestando que actúan porque «cada vez son más los vecinos que trasladan su preocupación por situaciones de ocupación ilegal, conflictos de convivencia, enganches ilegales, inseguridad y degradación de barrios» en la capital albaceteña.
Rosa Sánchez ha insistido en la necesidad de un compromiso institucional firme y ha criticado la inacción de otras formaciones, advirtiendo de que «las administraciones no pueden seguir mirando hacia otro lado mientras familias honradas, propietarios y comunidades de vecinos sufren las consecuencias de este problema», al tiempo que ha recordado que en Albacete ya existen barrios y zonas donde los residentes llevan tiempo denunciando situaciones de alarma social derivadas de viviendas ocupadas ilegalmente.
La concejal ha desglosado el impacto diario que sufren los afectados por esta problemática en el municipio, denunciando que están hablando de «problemas reales: ruidos, amenazas, insalubridad, conflictos vecinales, fraude eléctrico, deterioro de edificios y sensación de abandono institucional», unos factores que alteran gravemente el orden público y la tranquilidad en los distritos de la ciudad.
La edil de VOX ha aportado datos estadísticos para alertar sobre la dimensión actual de la situación, recordando que la provincia cerró el año 2025 con 63 denuncias por ocupación ilegal de vivienda y que es «la única provincia de Castilla-La Mancha donde este tipo de delitos aumentó respecto al año anterior», una realidad incontestable ante la cual el partido presenta una propuesta que define como seria, legal y útil.
En su argumentación, Sonia Rosa Sánchez ha defendido que los ayuntamientos, a pesar de no ostentar competencias penales directas, sí disponen de un amplio margen de maniobra para actuar, explicando que «los ayuntamientos sí pueden actuar en prevención, coordinación, atención a afectados y protección de la convivencia» a través de las herramientas municipales.
La moción plantea la elaboración de un protocolo municipal de actuación frente a la ocupación ilegal coordinando Policía Local, servicios sociales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «para mejorar la detección temprana y la respuesta rápida», además de la creación de un punto municipal de atención a afectados para orientar a vecinos y comunidades de propietarios que muchas veces «se sienten completamente abandonados» por las instituciones.
La iniciativa del grupo municipal incluye una exigencia dirigida al Gobierno de España para que acometa reformas legales que agilicen los desalojos y refuercen el derecho a la propiedad privada, insistiendo la concejal en el principio fundamental de que «quien cumple la ley no puede sentirse desprotegido frente a quien la incumple» en un Estado de derecho.
Para finalizar, Rosa Sánchez ha querido desvincular esta iniciativa de los debates sobre exclusión residencial, remarcando de forma contundente que «esta moción no va contra las familias vulnerables» porque la vulnerabilidad se combate «con políticas sociales eficaces, vivienda legal y ayudas transparentes», añadiendo que jamás puede justificarse la vulneración de los derechos de otros vecinos o propietarios.
