El concejal de Urbanismo, Julián Garijo, ha informado en el Pleno que el Ayuntamiento está trabajando en un Plan contra la ocupación ilegal de viviendas, a partir de un documento elaborado por la empresa púbica Urvial que gestiona la vivienda pública en la ciudad. Este Plan formaría parte del Plan Integral municipal de vivienda.
Garijo ha dicho que “la propuesta que hizo Urvial a petición del equipo de gobierno es la base para el futuro Plan, y se centraba en la ocupación ilegal de viviendas sociales, destinadas a familias y personas en situación de vulnerabilidad y necesidad habitacional, por lo que su ocupación impide que puedan ser adjudicadas a quienes realmente las necesitan. Pero las aportaciones de ese documento pueden servirnos para actuar contra la ocupación en general y la inquiokupación”.
El borrador de Urvial tenía como objetivo garantizar un uso adecuado y legal de las viviendas públicas, reforzando el control, la transparencia y la protección del patrimonio destinado al alquiler social. Para ello planteaba actuaciones de seguimiento para identificar viviendas ocupadas, comprobar la titularidad de los ocupantes, evitar usos distintos a los previstos y agilizar los procedimientos de recuperación de los inmuebles.
El Ayuntamiento va a abordar actuaciones coordinadas con otras administraciones, con el Colegio de Abogados, las fuerzas y cuerpos de seguridad y los servicios sociales, para garantizar un enfoque integral y coordinado frente a la ocupación irregular.
Desde Urvial se informará tanto a inquilinos como a propietarios en cualquier problema relacionado con las viviendas tanto públicas como privadas. Se priorizarán los mecanismos de detección temprana, vigilancia y actuación rápida para la recuperación de las viviendas, y también se pretende evitar la inquiokupación para proteger a los arrendadores de perjuicios económicos y sociales.
Se contemplan actuaciones como asesorar a los propietarios sobre las herramientas disponibles, proteger a las familias vulnerables y favorecer la coordinación interinstitucional. También se concienciará y sensibilizará a la ciudadanía, con acciones de información pública para disuadir la ocupación ilegal y fomentar que los propietarios conozcan sus derechos, los arrendatarios sus obligaciones, y los vecinos los cauces de denuncia ante posibles irregularidades. Todo ello servirá además para reducir la conflictividad social y vecinal, evitando tensiones derivadas de la ocupación, como problemas de convivencia, seguridad o deterioro de los edificios.
Se proponen medidas como la creación de un canal directo de denuncias ciudadanas (teléfono/email), y una base de datos única y centralizada con información sobre las viviendas gestionadas por Urvial para detectar incongruencias entre el ocupante y el titular registrado y generar alertas tempranas.
También se quiere fomentar la colaboración vecinal en la detección temprana de casos, y dar visibilidad a los canales de denuncia anónima, a través de los cuales cualquier vecino podrá comunicar de forma confidencial indicios de ocupación, subarriendo ilegal o uso indebido de una vivienda. Se propone también un sistema de comunicación directa con las asociaciones vecinales, con charlas y sesiones informativas en los barrios,
En edificios o zonas con especial conflictividad se reforzará la protección con videovigilancia en accesos comunes, sensores de movimiento o alarmas disuasorias conectadas a central receptora. Con la Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil se crearán protocolos de actuación inmediata ante ocupaciones recientes. La colaboración con los servicios sociales se estima fundamental para diferenciar entre ocupaciones derivadas de una situación de necesidad extrema y otras que respondan a actos fraudulentos o delictivos.
