Las cinco empresas que pusieron sus ojos en el subsuelo de España a principios de esta década han abandonado sus proyectos de fracking que en la provincia de Albacete afectaban a zonas como Hellín o los Campos de Montiel y que generaron una fuerte polémica social.
Las cinco compañías que lideraron el movimiento profracking fueron: BNK, la estadounidense Heyco, la canadiense R2 Energy, la norteamericana San Leon y Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA). Todas han renunciado ya a esta técnica en España.
Prometían que el milagro del gas esquisto de EE UU podía exportarse y llegar hasta aquí. El Gobierno del PP apoyó el empleo del fracking—la técnica con la que se extrae ese tipo de gas— para rebajar la casi absoluta dependencia nacional de los hidrocarburos del exterior. Pero el fuerte rechazo social —al que se sumaron alcaldes y autonomías— y los bajos precios del gas han hecho fracasar esos planes. Las cinco empresas han renunciado a usar la fractura hidráulica, como detallan medios nacionales.
El subsuelo de España alberga unas reservas de gas equivalentes a casi 70 años de todo el consumo nacional actual, señalaba un informe de 2013 encargado por la Asociación Española de Compañías de Investigación, Exploración y Producción de Hidrocarburos y Almacenamiento Subterráneo. Escondidos en las entrañas de la tierra había 700.000 millones de euros en gas, decía la patronal.
Pero, para extraerlo, era necesario el fracking, demonizado por los grupos ecologistas, cuyas dudas medioambientales sobre esta técnica terminaron calando en la sociedad. El Gobierno del PP cambió la normativa estatal y le abrió la puerta
La polémica no mermó y en marzo 2016, la mayoría de grupos en el Congreso sacó adelante un iniciativa en la que instaba al Gobierno a prohibir la técnica. Para entonces, las empresas habían empezado ya su retirada de España, empujadas también por la caída del precio del gas y el petróleo.
Castilla-La Mancha ha prohibido ya esta téncica. «No podemos prohibirlo, pero sí hacerlo imposible», resume el consejero de Medio Ambiente, Martínez Arroyo. «Hay un movimiento social de rechazo muy importante», apunta el consejero.
