El Gobierno de Emiliano García-Page ha aprobado el decreto que adapta la normativa autonómica de dependencia y servicios sociales a las previsiones de la ley ELA y su desarrollo estatal, con el objetivo de atender a las personas con esclerosis lateral amiotrófica avanzada y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible, y facilitar a sus familias el acceso a los cuidados que necesitan. Así lo ha explicado la consejera Portavoz, Esther Padilla, quien ha destacado que el acuerdo responde a situaciones en las que la enfermedad exige una atención profesional “muy intensa” y organizar los cuidados supone “una enorme dificultad” para las familias. “La respuesta tiene que estar a la altura de esa necesidad”, ha añadido.
El decreto incorpora a la normativa autonómica el grado III+ de dependencia extrema, con prestaciones específicas para contratar ayuda a domicilio o asistencia personal. Estas ayudas podrán alcanzar los 9.859 euros mensuales, según las horas de atención contratadas. Asimismo, se garantiza un mínimo de 3.200 euros cuando se contrate un servicio de al menos 150 horas al mes y por un importe igual o superior a esa cantidad.
Padilla ha señalado que se trata de financiar cuidados profesionales de una intensidad excepcional, que las personas enfermas necesitan y que pueden resultar muy difíciles de sostener para sus familias. Para hacer efectivos estos derechos, el Gobierno regional prevé destinar 3,7 millones de euros anuales y estima que las medidas podrán beneficiar a unas 50 personas al año.
Una protección adicional para las familias
Castilla-La Mancha incorpora, además, una protección adicional financiada con recursos propios. Las personas con grado III+ podrán compatibilizar la prestación para ayuda a domicilio o asistencia personal con la ayuda para cuidados en el entorno familiar cuando la atención profesional reconocida sea inferior al límite de horas mensuales establecido. En ese supuesto, la prestación para cuidados familiares se reconocerá en su cuantía máxima.
Esta medida permitirá reforzar el apoyo a las familias cuando los cuidados profesionales deban complementarse con la atención que se presta en casa. “Conocemos el enorme esfuerzo que realizan y que necesitan ayuda para sostenerlo”, ha expresado la portavoz. La dotación anual prevista permitirá atender los nuevos reconocimientos y los cambios normativos, incluido este régimen de compatibilidad entre prestaciones.
Facilitar los trámites
La nueva regulación también simplifica el acceso al grado III+, ha proseguido la portavoz, de manera que quienes ya tengan reconocido el grado III y acrediten su situación de dependencia extrema mediante el certificado médico correspondiente no tendrán que someterse a una nueva valoración. Además, ambos grados podrán reconocerse en un mismo acto administrativo cuando se cumplan los requisitos. Padilla ha explicado que el propósito es evitar pasos que añadan dificultad a situaciones especialmente delicadas, “en las que las personas enfermas y sus familias necesitan dedicar su tiempo y sus fuerzas a los cuidados”.
El decreto introduce también mejoras en los efectos económicos de las prestaciones. Las ayudas del grado III+ se reconocerán desde la solicitud o desde el comienzo efectivo del servicio, si este se inicia después. Además, aquellas personas ya tengan reconocido el grado podrán acceder a la prestación con efectos retroactivos desde la fecha de ese reconocimiento, siempre que justifiquen el gasto realizado y dentro de la cuantía correspondiente.
Con esta medida, el Ejecutivo autonómico busca que el tiempo de tramitación no suponga perder el apoyo económico que necesitan las personas enfermas y sus familias, ha puntualizado la consejera. Asimismo, se amplía a seis meses el plazo de justificación del gasto para quienes reciben la prestación económica vinculada al servicio o a la asistencia personal, frente a la obligación de justificarlo mensualmente que existía hasta ahora.
Un sistema de dependencia que ya atiende a más de 83.000
La consejera portavoz ha recordado que el Gobierno regional ya venía aplicando algunas de las previsiones de la ley ELA antes de aprobar este decreto. Es el caso de la tramitación preferente de las solicitudes y del plazo máximo de tres meses para la valoración de la discapacidad y la dependencia, así como para las revisiones del grado y del Programa Individual de Atención (PIA).
También se viene reconociendo a las personas con ELA un grado de discapacidad del 33 por ciento desde el momento del reconocimiento de la dependencia.
El decreto se suma al trabajo desarrollado en un sistema de dependencia que ya atiende a más de 83.000 personas y sus familias en Castilla-La Mancha. Padilla ha destacado que estas mejoras tienen una repercusión directa en su vida cotidiana, porque “cuando la enfermedad avanza, cada trámite, cada plazo y cada hora de atención importan”.
