El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reivindicado esta mañana, en Toledo, una “sostenibilidad recíproca” para que las grandes concentraciones de población no se desarrollen a costa de los núcleos menos poblados, más rurales. El jefe del Ejecutivo autonómico hacía esta consideración en el marco del debate “Derecho a quedarse: Europa por las zonas rurales” que se ha celebrado en Toledo con motivo de la 10ª reunión de la Comisión NAT del Comité de las Regiones.
En este contexto, García-Page ha reconocido que, si bien “resulta mejor y óptimo concentrar los servicios donde ya vive mucha gente, hay un problema de sostenibilidad inversa, sostenibilidad recíproca, y es que, visto desde una perspectiva global, lo que se está convirtiendo en insostenible es este modelo de concentración de población a costa del despoblamiento de amplias zonas del territorio”.
Así, ha explicado que las administraciones públicas de territorios muy extensos y poco poblados “tenemos que garantizar la sanidad, la educación, los servicios públicos y hemos llegado a un punto en el que la factura, el coste de tener que mantener muchos servicios para poca gente es más caro que el de jugar a una estrategia de equilibrio territorial donde mucha población pueda encontrar mejores servicios y de esa manera hacer más eficaz la misma prestación de los servicios públicos”.
En opinión del dirigente autonómico se ha llegado a tal punto de migración hacia los núcleos urbanos “que la factura global que pagamos como sociedad es insostenible”, por lo que ha invitado a probar a “estimular un equilibrio territorial que optimice las cuentas generales”.
García-Page ha aprovechado la ocasión para presumir de norma y ha señalado que la Ley de medidas económicas, sociales y tributarias contra la Despoblación y para el desarrollo del medio rural de Castilla-La Mancha, además de favorecer el derecho a permanecer en el lugar de residencia, está consiguiendo atraer nuevos residentes a Castilla-La Mancha.
“Castilla-La Mancha es una región que está creciendo en población, uno de cada cuatro nuevos habitantes se decide por zonas que podríamos definir con riesgo de despoblamiento o bajísima densidad de población y la Ley garantiza servicios comunes, servicios básicos, infraestructuras e incluso establece, eso lo permite el derecho español, preferencias fiscales, algunas bonificaciones y deducciones que sin duda resultan atractivas”, ha abundado el presidente autonómico.
“Es una forma de estimular la llegada de nuevos residentes y de facilitar y dar cobertura a quien quiera voluntariamente quedarse. Lo digo con orgullo porque está resultando exitoso y es una estrategia perfectamente exportable”, ha apuntado ante de deseo de que este sea el camino que “emprendamos porque Europa, en su conjunto, no es proclive a la natalidad y la falta de población en algunos sitios se compensa con emigración, en otros no, lo cierto es que este problema se puede ir agravando si no se toman medidas cuanto antes, que es lo que, en definitiva, defendemos desde esta comisión”, ha rubricado el mandatario autonómico.
