FACUA-Consumidores en Acción considera un despropósito la intención del Ministerio de Fomento de rescatar las autopistas en quiebra para, una vez saneadas, volver a privatizarlas, tal y como ha anunciado el ministro Íñigo de la Serna. Cabe recordar que una de estas autopistas en quiebra es la de La Roda.
Según el titular de Fomento, estas empresas serían viables si se les quita la «mochila», es decir, la deuda que en estos momentos arrastran. De la Serna ha señalado que la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa), dependiente de Fomento, se encuentra preparando el posible rescate de algunas de las ocho autopistas declaradas en quiebra y su posterior licitación. De esta forma pretende el Ministerio atender la responsabilidad patrimonial de la administración que se derive del rescate.
FACUA ya criticó en su día la intención del Gobierno de nacionalizar las autopistas en quiebra y socializar las pérdidas de las empresas que no han sabido gestionarlas. El ministro apuntó esta posibilidad en diciembre pasado, pero no mencionó que las infraestructuras, una vez saneadas, volverían a sacarse a licitación para que empresas privadas siguieran explotándolas.
La asociación considera que opción que plantea el Gobierno ahora supondría reincidir en un error cometido con anterioridad. En este sentido, FACUA recuerda que es la segunda vez que el Estado acude al rescate de las autopistas de peaje, pues en 1984 se hizo una nacionalización similar para salvar prácticamente a los mismos concesionarios que ahora piden ayuda: bancos y constructoras. Una vez que se sanearon las cuentas y se actualizaron las infraestructuras, en 2003, cuando las autopistas volvían a dar beneficios, se ofrecieron en concesión.
El ministro cifró en diciembre la deuda en unos 3.400 millones de euros y ahora en «menos de 3.000 millones», según su intervención, recogida por Europa Press, en el ‘Ágora’, un foro económico organizado por El Economista. El sector eleva la cifra hasta los 5.500 millones. Según el titular de Fomento, si no se tiene en cuenta la deuda, las ocho autopistas en quiebra arrojan un beneficio bruto de explotación (Ebitda) positivo y alguna de ellas presenta aumento de tráficos mensuales de casi el 20%.
FACUA sigue sin entender que el Gobierno pretenda hacer recaer en el bolsillo de los ciudadanos las consecuencias de un gestión deficiente por parte de unas empresas a cuyo rescate acude una vez más. Y tampoco considera razonable que, en caso de que los usuarios tuvieran que hacer frente al pago de un peaje por el uso de las infraestructuras (algo que la asociación siempre ha valorado como discriminatorio hacia las personas con menos recursos), sean empresas privadas quienes se puedan beneficiar de ello.
FACUA considera indignante que, una vez más, sean los ciudadanos quienes tengan que asumir las pérdidas de las empresas que no han sabido gestionar sus activos. «El Gobierno vuelve a priorizar la salvaguarda de los intereses económicos privados de grandes empresas frente a las necesidades de la mayoría de los ciudadanos, atrapados en situaciones de desempleo o trabajos precarios y con créditos hipotecarios abusivos o ante la imposibilidad de pagar servicios básicos como la luz», denuncia la secretaria general de FACUA, Olga Ruiz.
FACUA muestra su total rechazo a que el Ejecutivo asuma las pérdidas de estas carreteras en quiebra porque los seis bancos más importantes (Santander, Bankia, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Banco Popular) y las principales constructoras las hicieron sobreestimando su tráfico, que ha caído en más del 50% en los últimos años, así como por sobrecostes derivados de las expropiaciones de los terrenos que atraviesan las vías y debido a obras inesperadas.
