Está claro que al Partido Popular le gusta jugar al límite y con fuego la mayoría de las veces. En poco más de una semana, ha realizado un triple salto mortal de esos que a poco que te descuides te dejas la crisma en el intento, a saber:
El mismísimo presidente del partido y del Gobierno ha sido citado por la Audiencia Nacional para declarar como testigo en el juicio del caso Gürtell por la financiación ilegal de su partido. El juez Eloy Velasco ha dictado una orden de ingreso en prisión sin fianza para el que fuera presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por la comisión de delitos de integración en organización criminal, blanqueo, falsificación, fraude, prevaricación y malversación, además, añado yo de mi propia cosecha, de saqueo de la empresa pública Canal de Isabel II. Y por último, tenemos la tercera dimisión de la todopoderosa Esperanza Aguirre como concejala del Ayuntamiento de Madrid y portavoz del Grupo Municipal Popular, en esta ocasión por sentirse “engañada y traicionada” por el que fuera su sucesor al frente de la Comunidad madrileña.
Pero no queda hay la cosa, también tenemos la citación para Eduardo Zaplana por sus contactos empresariales con Ignacio González, quien al parecer propuso al exministro crear una estructura empresarial, más bien opaca, para blanquear capitales de dudosa procedencia. Citación que el mismísimo Pablo Casado se encargo de aclarar al más puro estilo Cospedal, cuando afirmó que “Eduardo Zaplana no está imputado, está citado en calidad de imputado”. Ea, lo que el diga.
Visto lo visto, quien en su sano juicio puede creer ahora al susodicho Casado cuando afirmó con rotundidad, mientras clausuraba el Congreso del PP jienense que “El PP es un partido incompatible con la corrupción”, o a Fernández Maillo cuando dijo en Radio Nacional de España que “el Partido Popular está comprometido de manera radical y absoluta en la lucha contra la corrupción”, o a la Secretaria General popular, ministra de Defensa y presidenta de los ‘populares’ en nuestra querida Región, cuando se hizo la ofendida por los casos de corrupción que les afectan, y afirmó sin despeinarse que no va a consentir que el comportamiento de algunos se puedan atribuir a todos, cuando en la prisión de Soto del Real el PP ha obtenido su enésima mayoría absoluta.
Pero la palma, como siempre, se la lleva al testigo Rajoy de gira por Brasil, cuando a preguntas de los periodistas sobre la grave crisis por la que está pasando el partido que preside, se viste de nuevo de Don Tancredo y suelta ni corto ni perezoso, que lo que a él le preocupa es Venezuela, ¡toma ya larga cambiada!, cuando quieras vuelves y preguntas debió de pensar el citado a testificar.
Sinceramente, querido lector, ¿Tú crees que la sufrida ciudadanía española se merece tener a los mandos del timón a un responsable de un partido político anegado por la corrupción mires por donde mires? Yo creo que no y creo que tú tampoco, como tampoco creo que la masa social que apoya al Partido Popular en las urnas se muestre muy satisfecha por el enésimo caso aislado de corrupción en las filas populares.
Un nuevo caso de saqueo de una empresa pública para pagar facturas de las fastuosas campañas electorales populares, y ya metidos en harina para disfrutar de un casoplón en Aravaca o de un ático en Estepona, aunque ninguna de estas propiedades figuren a nombre del último dirigente, por ahora, imputado por corrupción en el Partido Popular.
Unos dirigentes que han entendido fatal el concepto de “lo público”, eso que es de todos, que pagamos entre todos, que los disfrutamos todos y que sirve, además de para redistribuir riqueza, para no dejar a nadie en la cuneta.
Pues ellos y ellas, imputados y encausadas, testigos y engañadas o traicionadas, creen que la redistribución de la riqueza sirve para pagar las facturas del Partido Popular, para atender los gastos derivados de la contratación de payasos en los cumpleaños infantiles, para tirar de tarjeta en bares y restaurantes, para vivir a cuerpo de rey o de reina y para engordar algunas cuentas corrientes ubicadas en paraísos fiscales, y a los de la cuneta, pues eso, que se jodan, que diría la que fuera diputada popular Andrea Fabra, que mira tú por donde está casada con Juan José Güemes, ex consejero de Sanidad con Esperanza Aguirre y al que se le atribuyó en su día haberse beneficiado en el sector de la sanidad privada, trabajando para las mismas empresas que privatizó siendo consejero de Sanidad. Y es que para sus cosas son únicos.
Quien alcanzó la Presidencia de la comunidad de Madrid gracias al Tamayazo, ahora se ve obligada a dimitir, por los escándalos de sus pupilos protegidos, y es que como dice el refrán “a cada gorrinico le llega su San Martín”.
Y del Alba, mejor ni hablar.
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