ANPE Albacete, sobre la inversión de 575.000 euros prevista por la Consejería de Educación para reformar las instalaciones de su Delegación Provincial en Albacete, exige que estos recursos se destinen a atender las necesidades de los centros educativos públicos de la provincia.
Según la información publicada, se destinarían 300.000 euros a sustituir tres ascensores, 125.000 euros a mejorar la climatización y 150.000 euros a renovar las instalaciones eléctricas del edificio administrativo.
ANPE no cuestiona la necesidad de mantener los edificios administrativos en condiciones adecuadas de seguridad y salubridad, pero entiende que los recursos públicos destinados a educación deben priorizar los espacios donde diariamente se desarrolla la actividad docente y donde se atiende directamente al alumnado y, por ello, considera que cualquier centro educativo debe tener prioridad sobre un edificio administrativo a la hora de distribuir las inversiones educativas, especialmente cuando existen colegios e institutos con importantes mejoras pendientes en sus instalaciones.
«No parece razonable destinar 300.000 euros a sustituir tres ascensores en un edificio administrativo mientras existan centros educativos sin ascensor en los que su instalación resulte imprescindible para garantizar la igualdad de oportunidades, ya que cuentan con alumnado, docentes u otros miembros de la comunidad educativa con movilidad reducida», han considerado en un comunicado.
De hecho, la Junta de Personal Docente de la provincia de Albacete aprobó por unanimidad, en el pleno del pasado 24 de septiembre, la propuesta de que se instalasen ascensores en varios centros de la provincia, como: el CEIP Virgen de la Caridad de Villarrobledo; el CEIP Doctor Fleming de la capital, o el CEIP Ntra. Sra. del Rosario de Balazote, entre otros centros educativos que necesitarían ascensor.
Además, ANPE lleva años denunciando las elevadas temperaturas que soportan numerosos centros educativos, especialmente durante los meses de mayo, junio y septiembre. La climatización de las aulas no es un lujo, sino una necesidad para garantizar la salud del profesorado y del alumnado, así como unas condiciones adecuadas de enseñanza y aprendizaje.
La Administración debe demostrar con hechos que su prioridad es la educación pública, destinando los recursos disponibles a garantizar centros accesibles, seguros y adecuadamente climatizados.
