La seguridad privada en España se enfrenta a un momento crucial para la mejora de las condiciones laborales y sociales del sector, y en este objetivo será determinante el resultado de la negociación colectiva.
En la negociación del convenio del sector de seguridad privada se dirimen dos modelos radicalmente distintos: aquel que entiende que la mejora del contexto económico debe repercutir positivamente en las condiciones del colectivo de profesionales que integran el sector; o aquel otro que ve en los posibles recortes de derechos a este mismo colectivo –los trabajadores y las trabajadoras– una oportunidad para mantener un modelo empresarial que arruina al sector y precariza las condiciones de trabajo, y todo ello a pesar de una evidencia contrastada: que este último modelo arruina, también, a las propias empresas de seguridad.
Los clientes de las empresas de seguridad privada, por su parte, no ocultan cierta satisfacción al comprobar que patronales y empresas, paralizadas por el miedo y sin perspectivas ni proyecto de futuro, no encuentran el modo de poner en valor el coste del servicio que los profesionales de la seguridad aportamos a esos clientes. En realidad, es un exiguo beneficio basado, exclusivamente, en un criterio economicista que tiene su reverso: el deterioro progresivo de la calidad en los servicios de seguridad prestados; un deterioro que es directamente proporcional a la precarización de las condiciones laborales de los profesionales de la seguridad.
«Ante esta situación, los trabajadores del sector deben reaccionar, deben responder con contundencia. Por ello, el próximo día 28 de junio, se Federación de Servicios, Movilidad y el Consumo de UGT han convocado distintas movilizaciones y concentraciones en todo el territorio nacional, a las que están llamadas todas las centrales sindicales, plataformas y agentes del sector», han indicado desde UGT.
Siendo la concentración de Castilla la Mancha en Toledo en las puertas de la Conserjería de Hacienda y Administraciones Publicas, también como protesta a la contratación de la JCCM de empresas de bajo coste, que ni tan siquiera aplican el Convenio Sectorial.
