Según cuenta el diario El Mundo, desde el 4 de abril de 2015, A.G., L.R., J.B.G. y M.O., cuatro agentes de la Policía Nacional de Cádiz, “viven con angustia: la de poder ser condenados por haber cumplido con nuestro deber».
A primera hora de ese día, Sábado Santo, los cuatro acudieron a la Cuesta de Jabonería, en el gaditano Barrio de Santa María, para atender el requerimiento de un vecino. Era un panadero: un hombre estaba en la calle blandiendo un destornillador y le había amenazado con el mismo.
Al llegar, se encontraron con un hombre, «en pleno brote psicótico, que, lejos de acatar las órdenes de que se deshiciera del destornillador, les atacó», siempre según las citadas fuentes. «Se dio la vuelta y comenzó a correr hacia nosotros».»La llamada entró a las 6.40 de la mañana». El panadero y un barrendero fueron los testigos en el juicio: el hombre estaba fuera de sí. «La Policía no puede con él», se escucha en la grabación telefónica que fue aportada como prueba. «Elegimos, para reducirle, la medida menos lesiva». Los agentes estiman que su acción, ese día, fue proporcionada. Porque la autopsia determinaría que el hombre recibió 34 golpes, de los cuales 32 fueron en el brazo, para que soltara el destornillador.
A uno se lo clavó tres veces en el pecho, pero llevaba el chaleco protector. «Nosotros salíamos volando, podía con nosotros, fue impresionante». Para que soltara el arma, le propinaron 32 golpes en el brazo.
«Se reía con cada golpe. Es la intervención en la que he pasado más miedo en la vida», dice uno de los agentes. Una vez reducido, lo esposaron con las manos a la espalda, en el suelo. Y a los pocos minutos -y según estimaría luego la autopsia como causa de la muerte- sufrió una parada cardiorrespiratoria.
Los agentes iniciaron la maniobra de recuperación mientras llamaban a una ambulancia. Cuando llegó, ya no pudo hacerse nada por salvar su vida.
Luego se sabría que el hombre, J.A.M., era un enfermo mental, diagnosticado de bipolaridad. Tenía 50 años y era natural de Albacete. Estaba separado de su mujer y tenía tres hijos. Llevaba pocos meses en Cádiz, en una habitación que había alquilado en el barrio. No tomaba la medicación.
El Mundo indica que su mujer denunció en una ocasión su desaparición, tras haberle perdido la pista entre Sevilla y Cádiz. En su denuncia, alertaba de que pudiera cometer «algún ilícito penal».
«Con estos mimbres, esta indefensión lo que nos provoca es que, para las siguientes ocasiones, nos pensemos si actuamos o no, por lo que acarrea. Y esto le puede pasar a cualquiera: Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local…», dicen.
En 2015, la jueza decidió tramitar la causa como homicidio involuntario. Y la familia del enfermo mental fallecido, que se personó como acusación particular, recurrió: consideraron que la muerte era intencionada. Los agentes fueron imputados. La causa se ha archivado dos veces a petición del Ministerio Fiscal. La familia, desde Albacete, sigue pidiendo una indemnización de 300.000 euros para la viuda y de 150.000 para cada uno de los tres hijos. Esta semana se dirimirá por tercera vez.
