De nuevo otro segundo domingo de mes, habrá concentraciones en decenas de ciudades españolas «para exigir a nuestro gobierno ser escuchados, que se aplique el derecho laboral europeo como en el resto de países, y que se sancione con #FIJEZAYA el abuso de temporalidad cometido con los trabajadores temporales de todas las Administraciones Públicas españolas a falta de otra sanción en nuestro ordenamiento jurídico, tal y como obliga el TJUE», según han indicado desde la organización de un evento que tendrá lugar también en Albacete.
En Albacete la protesta transcurrirá por el centro de la ciudad, a ritmo de batucada.
Han lamentado que «tenemos la confirmación más que evidente de la falta de voluntad política y sindical para solucionar este injusto y dramático problema de cientos de miles de familias, sino que la mentira y la actuación de mala fe se han instaurado en el quehacer de nuestros políticos y OOSS».
«Allá donde cualquier comunidad autónoma ha propuesto una medida de solución que vele por nuestros intereses aplicando de manera correcta la jurisprudencia europea, gobiernos y sindicatos han acudido raudos a intentar dilapidarla: acuerdo del gobierno canario, parlamento de La Rioja, juzgado número 4 de Alicante, proposición no de ley del parlamento asturiano, Ayuntamiento de Sevilla… Y en todo el territorio se continúa inexplicablemente con los procesos selectivos, pese a su invalidez recalcada por parte del TJUE, y sin ni siquiera realizar una inspección para excluir las plazas de las personas en abuso».
«No conformes con esto, adoptan medidas ilegales con el único fin de borrar del mapa cualquier puesto temporal en abuso, como la de ofertar sólo las plazas de interinos en fraude en los concursos de traslados… El acoso y derribo hacia nosotros es un hecho consumado, solo por nuestra condición. Se podría decir que linda con el delito de odio, ya que se atenta directamente contra nuestra figura. Por todo ello, exigimos inmediatamente una inspección para detectar a todos los afectados en abuso de temporalidad, así como la exclusión de sus plazas de cualquier proceso selectivo, manteniéndolos paralizados hasta haber determinado una solución acorde a derecho comunitario para su fijeza o estabilidad», han indicado.
