El Pleno Municipal en el Ayuntamiento de Albacete ha aprobado la moción presentada por el Partido Popular en la que se requiere al Gobierno de España que respete las decisiones judiciales y no conceda el indulto a los independentistas catalanes condenados por sedición, se muestre el respaldo incondicional y absoluto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico español como garantes de la integridad y unidad de la nación y del estado de derecho y la democracia en nuestro país y se proclame el apoyo sin fisuras a la labor que realizan todos los días los diferentes tribunales de justica españoles, con especial mención al Tribunal Supremo, de manera independiente, responsable y sometidos únicamente al imperio de la ley como establece el artículo 117 de la Constitución Española.
El encargado de defender la moción del Partido Popular ha sido el concejal, Francisco Navarro, que también ha conseguido a través de esta moción, que el pleno municipal muestre su apoyo para que se exija al Gobierno de España a respetar la independencia de las diferentes instituciones del Estado y las decisiones judiciales y a no conceder el indulto a aquellos que han vulnerado- como ha declarado probado el Tribunal Supremo- no sólo la Carta Magna sino también otras leyes españolas y que, como han repetido en numerosas ocasiones, pretenden reincidir en el delito de sedición cometido.
Para Navarro, la concesión de los indultos “pisotea la dignidad y la moral de todos los constitucionalistas en Cataluña, que son la mayoría, a todas las personas normales que son los que día a día levantan Cataluña con su trabajo, a todas esas personas que quieren seguir conviviendo con el resto de España y que hacen una defensa de los valores constitucionales”, según ha informado el PP, en una nota de prensa.
Ha señalado que en el momento de conocerse la sentencia, Pedro Sánchez «garantizaba tanto a la ciudadanía catalana como al conjunto de la ciudadanía española que esa sentencia se iba a cumplir en su totalidad» puesto que «nadie está por encima de la ley» mientras que otros miembros de su gobierno defendían que las penas impuestas debían cumplirse íntegramente, “pero tanto Sánchez como su gobierno seguían necesitando los votos de los partidos independentistas catalanes para mantenerse en el poder”.
