Como era previsible, la pandemia del Covid y sus efectos, que también se dejaron notar en los órganos judiciales de toda Castilla-La Mancha, ha protagonizado gran parte de los discursos durante el acto de Apertura del Año Judicial, que este lunes acogía el Palacio de Justicia de Albacete.
En el mismo han intervenido el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM), Vicente Rouco, y el fiscal Superior de la región, Emilio Fernández. Además, y como siempre que tiene ocasión, Rouco no ha desaprovechado la oportunidad de recordar la «necesidad acuciante» de mayor plantilla de jueces y magistrados que hay en la región. Ha vuelto a cifrar en 32 las nuevas plazas de jueces y magistrados que hacen falta en la región para el óptimo funcionamiento en Castilla-La Mancha.
Del trabajo judicial en la pandemia ha subrayado la «absoluta eficacia». Y ha indicado que llegaron más de 600 procedimientos en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, relacionados con la pandemia sanitaria y que se tramitaron «dentro de plazo, con gran compromiso y calidad jurídica». Ha incidido en la buena aceptación que las decisiones tuvieron en las autoridades regionales incluso cuando las órdenes judiciales no eran acordes al designio inicial de la norma dictada por el Gobierno regional.
Por su parte, Emilio Fernández se ha referido a que, con la pandemia sanitaria, se produjo una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que atribuyó las acreditaciones de medidas sanitarias adoptadas por las comunidades, para hacer frente a la pandemia.
«Esto supuso un gran trabajo e hizo que en 100 días entraran en la Fiscalía 399 asuntos, que había que despachar en audiencia en 24 horas y todo se dictó en tiempo». Además, ha señalado que, en 395 casos, se dictaminó conforme a lo aprobado por las instituciones.
El Palacio de Justicia de Albacete ha acogido este acto al que han acudido, entre otros, el alcalde de Albacete, Emilio Sáez; el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero; y el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, así como el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina.
