La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete vuelve a acoger desde hoy un juicio con jurado popular, por un supuesto delito de asesinato. Se trata del crimen cometido en la localidad de Almansa, en el año 2018, en el que un empresario del municipio apareció muerto en la bañera de un domicilio que no era el suyo, 40 días después de que su familia y amigos organizaran una búsqueda para tratar de dar con su paradero.
Siete mujeres y dos hombres conforman el jurado popular, que cuenta con dos suplentes, un hombre y una mujer. Hay siete vecinos de Albacete, uno de La Roda y otro de Albacete.
Tras la elección del jurado popular, la fiscal, el abogado de la acusación y el abogado de la defensa han dado a conocer sus calificaciones provisionales. La fiscal ha defendido su petición de 18 años de cárcel por un delito de asesinato.
Se pide, además, una indemnización de 30.000 euros para la abuela del fallecido, que era su pariente más cercana.
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El abogado de la acusación particular, contratado por la abuela, pide para el acusado, J.R.N., 25 años de prisión por asesinato, así como 10 meses más de prisión por tenencia ilícita de armas y una indemnización de 200.000 euros para la abuela de la víctima.
La defensa, por su parte, cree que su cliente debe ser absuelto, porque entiende que fue en defensa propia y pide que la indemnización para la abuela sea de 30.000 euros, de los que ha señalado que ya se han consignado cerca de 30.000 euros.
La defensa ha planteado que la víctima y el procesado tenían relación desde hacía unos años porque el acusado vendía droga a terceros para el fallecido, con el que generó una deuda. Ha indicado que recibía agresiones físicas y verbales por parte de la víctima y que llevó un arma cuando quedaron en un piso -propiedad de los padres de J.R.N.- solamente «como defensa». Ha asegurado que su cliente «está arrepentido», que era consumidor habitual de cocaína y que tiene reconocida una inteligencia límite, con un 36% de discapacidad.
ACUSACIÓN
La fiscal y la acusación particular han defendido que el 1 de agosto de 2018 la víctima, A.M.P., concertó una cita con el acusado, por teléfono, acordando que se verían en un piso propiedad de J.R.N., en Almansa. Inmueble en el que no vivía el procesado.
Consideran que el acusado, con ánimo de acabar con la vida de la víctima, cogió del domicilio donde vivía con sus padres, en la misma localidad, un arma carabina, que era de su padre y que e la llevo sin permiso del mismo.
En un momento no concretado de ese día, la víctima acudió al lugar concertado, donde el fiscal expone que el acusado le estaba esperando con el arma en la entrada de la vivienda, para acabar con su vida, de forma sorpresiva y sin que tuviera posibilidad de defenderse. Le causó la muerte de manera inmediata, por el impacto de dos cartuchos en la masa encefálica.
Después, y siempre según el escrito de acusación, colocó el cadáver en la bañera de dicho inmueble, donde estuvo hasta que el presidente de la comunidad de vecinos, el 15 de septiembre de 2018, puso una denuncia en la Guardia Civil por los malos olores e insectos que salían desde lugar. Ese día, por la tarde, los agentes accedieron al inmueble, con las llaves que les dieron los padres del acusado, y encontraron el cadáver, en avanzado estado de descomposición.
El procesado fue detenido ese mismo día y ha estado en prisión provisional hasta el 7 de septiembre de 2020. Desde octubre de 2020 no puede acercarse a menos de 500 metros a la abuela del fallecido.
El juicio está señalado hasta el 30 de noviembre.
