El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha reeditado el compromiso del Ayuntamiento con el Arca de Noé para que siga prestando de forma diligente sus servicios a la sociedad y al bienestar animal.
Así lo ha señalado Manuel Serrano durante la sesión plenaria celebrada en el Ayuntamiento donde se ha aprobado por unanimidad la aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos correspondiente a la factura extraordinaria del servicio de recogida de animales abandonados correspondiente al mes de diciembre de 2022 y también ha intervenido un voluntario del Arca de Noé.
Un apoyo que el alcalde ha trasladado además al Arca de Noé durante la reunión que, de manera previa al Pleno, ha mantenido en su despacho de Alcaldía, donde les ha agradecido el “gran trabajo” diario que realizan en nuestra ciudad.
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Manuel Serrano ha destacado el “punto de inflexión” que supone el pago de estas facturas pendientes al Arca de Noé, recordando que existe una figura jurídica nueva, que es el convenio suscrito el pasado mes de junio para la prestación de este servicio “con el que avanzamos en la protección del bienestar de los animales”, que permitirá tramitar con mayor agilidad el pago de las facturas.
Durante su intervención, el alcalde ha invitado al Arca de Noé a “caminar juntos para que la relación como mínimo sea todo lo larga que ha sido hasta la fecha”.
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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
Por otro lado, el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado esta mañana una declaración institucional de apoyo y dignificación de las profesiones de abogado y procurador en relación con su protección social.
Una declaración en la que se insta al Gobierno de España a promover las modificaciones normativas necesarias para establecer una ventana o pasarela que permita a estos profesionales la posibilidad, puntual, individual y voluntaria, de poder recuperar sus fondos de mutualidades privadas con destino al RETA.
Además, se solicita que se garantice a todos los profesionales, en función de los años de ejercicio y cotización en sus mutualidades, el derecho a una pensión de jubilación mínima y digna en las mismas condiciones que el resto de los trabajadores.
La declaración institucional acuerda también dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España y a todos los grupos parlamentarios con representación en la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, en el de España y en el de Europa, al Colegio de la abogacía de Albacete, a al Consejo General de la abogacía española, al Colegio de procuradores de Albacete, al Consejo nacional de Procuradores y a la dirección General de seguros y fondos de pensiones.
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Según detalla esta declaración institucional, estos profesionales no tienen derecho a una jubilación y se ven obligados a continuar eternamente con su trabajo, puesto que sus jubilaciones lo son en cuantías no mayores de la pensión no contributiva pese a cotizar durante toda su vida profesional.
Hasta el año 1995, estos profesionales no podían darse de alta en el sistema público de trabajadores autónomos o RETA. Se les obligaba como única opción posible adherirse a un sistema privado de mutualidades.
Cuando se abrió la posibilidad de incluirse en el campo de aplicación del régimen especial de trabajadores autónomos, y aún continúa siendo así, el ejercicio de esa posibilidad implicaba para abogados y procuradores cotizantes en las mutualidades que todo lo aportado quedaba atrapado en esas entidades privadas.
Pero al momento de la efectiva jubilación en ningún caso se están abonando las pensiones que les aseguraban que tendrían, hasta el punto de abonar pensiones en la mayoría de los casos inferiores a 500 euros y además no actualizables.
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Esa cantidad es la que cobrarán lo largo de toda su vida, mensualmente y sin actualización alguna, manifestándose ahora, que sus fondos no están garantizados, puesto que por posteriores reformas legislativas ya no era un plan alternativo de jubilación y pasando a ser un plan de pensiones individual, que facilita pensiones vitalicias ridículas e inferiores al importe de la pensión no contributiva.
Ahora, nuevamente se vuelven a realizar reformas en el sistema de protección mutual alternativo al público, e inicialmente impuesto y posteriormente encomiado e incentivado, para luego ser transformado y siempre sin contar con la opinión del colectivo afectado. Mientras estos profesionales constatan como sus compañeros más mayores no se pueden jubilar, porque no podrían subsistir mientras que las estimaciones para los más jóvenes podrían ser cada vez más irreales.
Estos Profesionales no solicitan ningún privilegio, prebendas o prestación a cargo de los contribuyentes o del resto de trabajadores. Lo que interesan es que se les permita trasladar su dinero que tienen atrapado en estas entidades privadas o mutualidades tras una cotización de toda una vida y aportarlo al sistema público, igual que se hizo en su día con los notarios y corredores de Comercio. Que se les trate, igual que al resto de trabajadores del país.
Se trata de un problema social, que parte de una discriminación impuesta y objeto de modificaciones legales referidas, que no debe seguir siendo evitado ni ocultado, ni parcheado, sino que, por el contrario, debe ser abordado sin dilación y con carácter urgente para encontrar soluciones.
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