La Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de Albacete (APECA), integrada en FEDA y presidida por D. Bienvenido Rosa, ha tenido acceso a la presentación realizada por una empresa gestora de cooperativas para la rehabilitación del barrio de Santa Teresa. El proyecto pretende desalojar las 432 viviendas del barrio conocidas como “grilleras” y devolver a sus propietarios otra vivienda nueva del mismo reducido tamaño al finalizar su construcción o una mayor pagando la diferencia. También se van a construir locales comerciales y otras 192 viviendas para nuevos cooperativistas, que irían situadas en las plantas más altas de cada uno de los cuatro grandes bloques proyectados, de casi 100 metros de longitud.
En primer lugar, APECA está a favor de que se lleven a cabo estas iniciativas con fines sociales pero desea aclarar el carácter lucrativo de esta operación que puede suponer una vulneración de la libre competencia. La presentación no oculta que tras el llamado “ente asociativo de gestión” están la empresa gestora de cooperativas, propiedad del arquitecto que también realiza el proyecto; una constructora que se anuncia como si ya contara con la adjudicación (antes de que lo hagan los cooperativistas) y un abogado exconcejal del PSOE. Estos gestores cuentan con que se concedan al proyecto 14 millones de euros de subvenciones, otros 5 millones de euros para los alquileres de los vecinos mientras se construyen las viviendas, 3 millones de aportaciones de los actuales vecinos y 32 millones de los nuevos cooperativistas y sus hipotecas. También piden que el Ayuntamiento transfiera gratis hasta 10.000 metros cuadrados de edificabilidad (con un valor de mercado de 30 millones de euros) y perdone 3 millones de euros en impuestos sin especificar. No dudamos que estos vecinos merezcan todo este dinero público y más, pero es inevitable pensar que también irá destinado a garantizar que la empresa gestora, el estudio de arquitectura y el despacho de abogados que participan en la operación puedan cobrarse una gestión que sin duda va a reportarles varios millones de euros de ingresos sin necesidad de un concurso público.
Según el borrador de una reforma de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística en Castilla-La Mancha (LOTAU), remitido por la Junta de Comunidades hace dos semanas, este proyecto podrá rebasar sin límites la edificabilidad de un metro cuadrado cada metro de suelo establecida para todo el suelo urbano de la región, evitar la obligatoria cesión de suelo para dotaciones y para VPO mediante pago en metálico y permitir que en el patrimonio municipal de suelo haya también dinero.
Todo ello, a pesar de que el artículo 18.4 del Real Decreto Ley 7/2015, de 30 de octubre, Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación urbana establece la excepcionalidad respecto a la obligación de las cesiones obligatorias, en el caso que nos ocupa y llevado a actuaciones como la comentada se estaría dando lugar a actuaciones especulativas, y mediante la interpretación del Borrador tal y como está redactado se podrían realizar actuaciones edificatorias en el casco urbano que dieran lugar a crear un problema mayor que el que se dice corregir.
Para APECA el proyecto presenta claroscuros como quién y cómo se va a expropiar o desalojar a la fuerza a los vecinos que no quieran o no puedan ser cooperativistas; qué legalidad tendría una adjudicación “a dedo” como la que se está proponiendo, sin el concurso público de proyectos arquitectónicos, gestoras de cooperativas y constructoras; o la legalidad de que personas y entidades bancarias propietarias que las tienen vacías y los nuevos vecinos cooperativistas se beneficien de unos privilegios que otros compradores albacetenses de viviendas no gozan.
APECA también recuerda que cualquier error típico de las cooperativas (exceso de costes, retrasos en la entrega, subvenciones no recibidas) acabará pagándolo el cooperativista, que es el empresario promotor, con la particularidad de que en este caso hay personas de ingresos limitados que no van a poder responder a cualquier eventualidad económica y que durante la construcción las cooperativas suelen valerse de un crédito solidario donde todos responden de todos. APECA apoya cualquier iniciativa de rehabilitación urbana que beneficie a familias desfavorecidas como las que viven en “las grilleras” pero si la propia empresa gestora advierte en su presentación que “el cooperativista emprende un proyecto empresarial” es porque existen riesgos, los cuales serían inasumibles para muchos cooperativistas y podría acabar en otro escándalo como en el de la cooperativa PSV. Por tanto, desde APECA pedimos al Ayuntamiento prudencia, el respeto a los principios de las contrataciones públicas y extremar las garantías para los vecinos.
