ASAJA de Castilla-La Mancha ha lamentado que la Viceconsejería de Medio Ambiente haya descartado la mayoría de las propuestas que la organización agraria le planteó para reducir la sobrepoblación de conejos de monte. Autorizar, recomendar o instar a propietarios y responsables de zonas de dominio público a que tomen medidas no resulta suficiente, del mismo modo que tampoco lo es la declaración de comarca de emergencia cinegética temporal, ha asegurado la organización.
En este sentido, ASAJA CLM ha explicado que, dado que las administraciones competentes no asumen sus funciones, la organización agraria acudirá a la vía jurídica e iniciará un procedimiento para reclamar responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas por los daños ocasionados en el campo por el conejo de monte durante cerca de dos décadas.
Además, ha criticado duramente que, para Medio Ambiente, “la compensación de los daños producidos en los cultivos se lleva haciendo mucho tiempo en esta comunidad autónoma” gracias a que los presupuestos generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contemplan una partida de subvenciones a la suscrición del seguro agrarios.
En este sentido, la organización agraria ha recordado que los seguros imponen franquicias y aplican reducciones cuando se registran siniestros de forma consecutiva, lo que provoca que las indemnizaciones que reciben los agricultores sean irrisorias y, a partir del cuarto año, desaparezcan por completo. “Tras veinte años de sobrepoblación de conejos, no existe una sola explotación sin daños recurrentes ni un solo agricultor que haya sido compensado de forma justa”, ha denunciado.
ASAJA CLM planteó a Medio Ambiente una batería de propuestas, entre las que se incluían el uso de cajas trampa, la autorización de la caza nocturna, una financiación adecuada para la instalación de vallas y protectores o la utilización puntual de métodos químicos, entre otras medidas. Sin embargo, la respuesta de esta Viceconsejería ha sido negativa.
Tampoco se ha obtenido respuesta por parte de los responsables de las zonas de dominio público, donde se acumula una gran cantidad de esta especie, como los taludes de carreteras y vías férreas, o las riberas de cauces y arroyos, cuya competencia corresponde al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ADIF y las Confederaciones Hidrográficas.
Como resultado, “nos enfrentamos a un conflicto social que ha generado un profundo malestar y cuantiosas pérdidas económicas entre los agricultores”. Por ello, la organización agraria exige la adopción inmediata de medidas efectivas y la compensación por lucro cesante. «Si no se actúa, será la justicia la que obligue a tomar cartas en el asunto», ha concluido.
