El secretario general del PSOE de la provincia de Albacete, Santi Cabañero, ha situado la defensa del sistema público de pensiones en el centro de su intervención durante el Consejo Comarcal de La Manchuela, celebrado en Villamalea, donde ha reivindicado el derecho de las personas mayores a vivir con tranquilidad y dignidad después de toda una vida de trabajo y ha rechazado los discursos políticos que ponen en duda la viabilidad futura de la Seguridad Social.
En un encuentro que ha contado también con la participación de la cabeza de lista socialista al Congreso de los Diputados, Amparo Torres, y del suplente en la misma, Luis Alfonso Sáez Tejas, así como de representantes y militantes de las agrupaciones de la comarca y de fuera de ella, junto a integrantes de las Juventudes Socialistas de la provincia con Javi Losa al frente, Cabañero ha defendido que las pensiones no pueden quedar sometidas a la incertidumbre política ni a los intereses económicos, recordando que detrás de cada prestación hay décadas de esfuerzo personal, familiar y colectivo.
«Este país lo habéis hecho las generaciones que están ahora mismo cobrando pensiones», ha afirmado el dirigente socialista, que ha resumido su reflexión en una idea especialmente significativa: «Sus renuncias ahora son nuestros derechos; sus renuncias son nuestras libertades».
Desde esa convicción, ha considerado inaceptable que quienes han contribuido a construir el Estado del bienestar tengan que afrontar su vejez con miedo a perder la protección económica que les corresponde.
“El sistema de pensiones no va a ‘petar’ si no quieren que ‘pete’”
Cabañero ha respondido a los discursos que alertan de un supuesto agotamiento de las pensiones públicas, defendiendo que su sostenibilidad no depende únicamente de la evolución de las cotizaciones, sino también de las decisiones políticas que se adopten para garantizar su financiación.
«¿Cómo que el sistema de pensiones va a ‘petar’, como decía Ester Muñoz desde el PP? Va a ‘petar’ si queréis que pete», ha señalado, cuestionando que se presente como inevitable lo que, a su juicio, depende en buena medida del modelo económico, fiscal y social que se decida impulsar.
En este sentido, ha reivindicado el crecimiento del empleo y de las cotizaciones sociales durante los últimos años como factores fundamentales para reforzar el sistema, al tiempo que ha defendido la importancia de preservar y fortalecer el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
También ha contrapuesto la política de revalorización de las pensiones conforme al IPC, recuperada mediante la reforma impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, con el anterior mecanismo de actualización mínima del 0,25 % aplicado durante los gobiernos del Partido Popular.
El secretario general provincial ha insistido en que la garantía última de las pensiones debe ser el propio Estado, incluyendo, cuando resulte necesario, las aportaciones procedentes de los Presupuestos Generales del Estado y una política fiscal en la que quienes disponen de mayor capacidad económica contribuyan proporcionalmente más.
«No podemos decirle a nuestra gente mayor que el sistema de pensiones va a correr riesgos», ha defendido, reivindicando la responsabilidad de los poderes públicos para asegurar su continuidad.
La inmigración también contribuye a sostener las pensiones y la economía de los pueblos
Uno de los aspectos más destacados de su intervención ha sido la relación entre inmigración, empleo y sostenibilidad de la Seguridad Social, especialmente relevante en una comarca como La Manchuela, donde la actividad agrícola y otros sectores económicos cuentan con la aportación de trabajadores y trabajadoras de diferentes nacionalidades.
Cabañero ha rechazado los discursos que presentan la inmigración como una amenaza y ha defendido que las personas migrantes que trabajan y cotizan contribuyen tanto a la actividad económica como a la financiación de las prestaciones públicas.
«Necesitamos la migración. La necesita todo el país», ha afirmado, recordando que una parte importante de la población extranjera se encuentra en edad laboral y participa activamente en el sostenimiento de la Seguridad Social.
El dirigente socialista ha reclamado, además, coherencia entre el reconocimiento de la necesidad de mano de obra en el campo y el respeto a los derechos de quienes desempeñan esos trabajos.
A su juicio, no se puede aceptar la contribución laboral de las personas migrantes y, al mismo tiempo, cuestionar su derecho a participar plenamente en la sociedad.
Ha advertido también de que la precariedad y la ausencia de derechos laborales no perjudican exclusivamente a la población migrante, sino que pueden utilizarse para presionar a la baja las condiciones del conjunto de la clase trabajadora.
De este modo, ha vinculado la defensa de una inmigración regular, con derechos y obligaciones, con la protección de los salarios, la competencia laboral en condiciones justas y el fortalecimiento de las cotizaciones que financian las pensiones.
Un Estado fuerte frente a la vulnerabilidad que aparece de un día para otro
El secretario general provincial ha introducido también una reflexión sobre la importancia de contar con un sistema público de protección social capaz de responder a las circunstancias imprevistas de la vida. Para ilustrarlo, ha recordado las consecuencias de las recientes inundaciones de Madrigueras y la situación de personas mayores que, después de décadas de trabajo, habían conseguido disponer de una vivienda, una pensión y unos pequeños ahorros para afrontar cualquier contratiempo.
Cabañero ha planteado el supuesto de un matrimonio de 70 años que, tras la riada, haya visto desaparecer buena parte de lo que habían construido durante toda su vida. «Gente que tenía su casica, su pensión medio digna y puede que 15.000 o 20.000 euros ahorrados por si venía un problemilla. Pero que ahora ha entrado el agua y se lo ha llevado todo…».
Una realidad que ha utilizado para recordar que la vulnerabilidad no es una condición ajena ni excepcional, sino una circunstancia que puede afectar a cualquier persona, ya sea por una catástrofe, una enfermedad, un accidente o las propias necesidades asociadas al envejecimiento. «En cualquier momento, cualquiera de nosotros podemos ser vulnerables», ha advertido, defendiendo que precisamente para esas situaciones resulta imprescindible contar con instituciones públicas fuertes y mecanismos colectivos de solidaridad.
Salarios dignos, sanidad pública y protección social: derechos que se sostienen conjuntamente
Cabañero ha extendido su reflexión al conjunto del Estado del bienestar, señalando la relación entre salarios, empleo de calidad, cotizaciones y protección social. En particular, ha defendido el papel del Gobierno en la fijación del Salario Mínimo Interprofesional, frente a las propuestas que plantean dejar su evolución exclusivamente en manos del acuerdo entre organizaciones empresariales y sindicales.
Ha recordado que los salarios más bajos condicionan las condiciones de vida de miles de familias y repercuten en las bases de cotización, por lo que ha considerado imprescindible que el Estado mantenga su capacidad de intervención para proteger a quienes se encuentran en una posición negociadora más débil.
También ha reivindicado la sanidad pública como otro de los pilares fundamentales de la igualdad, defendiendo un modelo en el que cualquier persona pueda recibir atención y tratamientos médicos con independencia de sus ingresos.
«Yo, si me pongo malo, quiero que me salve el médico de la sanidad pública», ha expresado, defendiendo que la tranquilidad de una sociedad reside en saber que, ante una enfermedad grave, la principal preocupación sea la recuperación y no la capacidad económica para pagar un tratamiento.
El dirigente socialista ha cuestionado asimismo las propuestas de ampliar el papel de las mutuas en determinadas decisiones relacionadas con las bajas laborales, al considerar que deben preservarse las garantías médicas y los derechos de las personas trabajadoras.
Igualdad de oportunidades para vivir donde cada persona elija
Durante su intervención en Villamalea, Cabañero ha relacionado todas estas cuestiones con uno de los principales desafíos de las comarcas rurales: garantizar que residir en un municipio pequeño no implique disponer de menos derechos, servicios u oportunidades.
«Se trata de que todos tengamos las mismas oportunidades, vivamos donde vivamos. Y, por cierto, donde queramos vivir», ha señalado. Desde ahí, ha defendido que las políticas públicas deben permitir a las personas desarrollar su proyecto vital en sus municipios, sin que la falta de vivienda, empleo, servicios o protección social las obligue a marcharse.
El secretario general provincial ha reconocido, además, que las administraciones de distinto signo político acumulan asignaturas pendientes en materia de vivienda pública, especialmente en los pueblos, y ha apelado a recuperar la iniciativa para ampliar la oferta residencial y evitar situaciones de abuso.
El Consejo Comarcal llama a la movilización progresista ante el 29N
El encuentro ha servido también para analizar el escenario político abierto ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y coordinar el trabajo de las agrupaciones socialistas de La Manchuela.
En este contexto, Amparo Torres ha situado la defensa de los servicios públicos, las pensiones y los derechos laborales entre las principales cuestiones del debate político y ha compartido con los representantes comarcales la necesidad de mantener una organización activa y presente en los municipios.
Entre los mensajes abordados durante el Consejo ha destacado la importancia de pasar de la militancia al activismo, reforzando la participación de las agrupaciones locales y el contacto cotidiano con la ciudadanía. Los y las participantes han señalado igualmente la relevancia política de las elecciones generales como primera cita de un ciclo electoral que continuará con las municipales y autonómicas de mayo, utilizando la expresión del «partido de ida» de una eliminatoria decisiva para el futuro democrático e institucional del país.
Cabañero ha cerrado reivindicando el valor de la política como herramienta para proteger derechos colectivos y responder a los problemas reales de las personas, apelando a la responsabilidad compartida de sostener una sociedad en la que nadie tenga que afrontar en soledad las dificultades económicas, la enfermedad o la vejez, y en la que las pensiones públicas sigan siendo una garantía de dignidad, también para las generaciones que hoy trabajan y cotizan en los pueblos de la provincia de Albacete.
