Por vía de urgencia y fuera del orden del día. Así se ha presentado al Pleno de hoy el punto para llevar a cabo un cambio en las liberaciones de los concejales del Ayuntamiento de Albacete. El cambio supondrá que la concejal de Hacienda y Seguridad, la socialista María José López, sí pasará ahora a estar liberada, mientras que dejará de estarlo la concejal no adscrita, María Teresa García Arce, que dejó ciudadanos el pasado mes de junio, cuando se produjo también el cambio en la Alcaldía.
El documento ha tenido el visto bueno del PSOE y Ciudadanos y también Unidas Podemos ha votado a favor, mientras Vox se abstenía. Desde Unidas Podemos y Vox han defendido que no votaban en contra porque el cambio no suponía mayor gasto para las arcas municipales.
Desde el PP, Manuel Serrano, portavoz municipal, sí se ha mostrado muy crítico con la medida, críticas que ha lamentado Vicente Casañ, vicealcalde y concejal de Ciudadanos.
López ha defendido que se debía al hecho de que al estar Emilio Saéz en la Alcaldía las tareas cambiaban y que no tenía nada que ver con que la concejal no adscrita dejara la formación naranja.
Manuel Serrano ha exigido al equipo de gobierno que destine el dinero de la nueva liberación del Partido Socialista, junto a una cantidad igual a la reforma del despacho del alcalde y el de la posible compra de un nuevo coche para Alcaldía, a la creación de un fondo de emergencia para ayudar a las familias más vulnerables a pagar el recibo de la luz, “y no a liberar a un concejal más del Partido Socialista”. En este sentido, ha recordado que las “desproporcionadas” obras del despacho del alcalde costarán 36.000 euros a los bolsillos de los albaceteños, mientras que la nueva liberación para una concejala socialista supondrá un coste superior a los 50.000 euros, “y a ello habrá que sumar la nueva ocurrencia que ya ha deslizado el señor alcalde de comprar un nuevo coche para alcaldía, todos ellos nuevos ejemplos del despilfarro socialista al que lamentablemente nos tiene acostumbrados”. Es por ello que ha reclamado que ese fondo de emergencia para atender a las familias vulnerables en el pago del recibo de la luz “no debe ser menor a los 150.000 euros”.
