El Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta el Anteproyecto de Ley de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de Régimen Común. Esta norma permitirá al Estado asumir 83.252 millones de euros de deuda de las Comunidades Autónomas, lo que beneficiará a todos los territorios al reducir su pasivo, liberará unos 6.700 millones de euros del pago de intereses que podrán destinar a reforzar el Estado del Bienestar y les permitirá ganar autonomía financiera al facilitar su salida a los mercados.
En el caso de Castilla-La Mancha, la condonación de la deuda por parte del Estado alcanza los 4.927 millones de euros. Esto supone reducir la deuda de Castilla-La Mancha un 30% respecto al cierre registrado en 2023.
El objetivo de esta medida “inédita” y “excepcional”, como ha señalado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es corregir el sobreendeudamiento al que se vieron abocadas las Comunidades Autónomas durante la crisis financiera por la falta de recursos por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. Algo que contrasta con el apoyo financiero brindado por el Gobierno progresista, que se traduce en que las Comunidades Autónomas han recibido 300.000 millones de euros más de recursos en siete años de gobierno de Pedro Sánchez respecto a los siete años de Gobierno conservador.
Montero, durante su intervención en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, ha recordado que esta norma, que beneficia a todas las Comunidades, tengan o no deuda con el FLA, es “plenamente coherente” con la política de apoyo financiero a las Comunidades Autónomas que ha aplicado el Gobierno desde 2018.
En este sentido, la ministra de Hacienda ha recordado otras medidas inéditas puestas en marcha por el Ejecutivo en favor de las administraciones territoriales como, por ejemplo, los 30.000 millones de los fondos COVID, que las CCAA no tuvieron que devolver a diferencia de los préstamos del FLA adoptados por el Gobierno del PP en la anterior crisis y que son el origen del sobreendeudamiento que el Anteproyecto de Ley busca corregir.
O también el mantenimiento de las entregas a cuenta de 2020 como si no hubiera habido pandemia, que generó unas liquidaciones negativas de 4.000 millones que el Estado asumió y evitó que las Comunidades Autónomas tuvieran que devolver.
Esa política de apoyo a las CCAA es la que ha permitido que, en los siete años de Gobierno de Pedro Sánchez, Castilla-La Mancha reciba, excluyendo los fondos europeos, 12.490 millones más de recursos que en los siete años de Mariano Rajoy. De hecho, entre las medidas adoptadas se encuentran los 1.348 millones de fondos COVID transferidos por el Estado a Castilla-La Mancha, o los 369 millones de las liquidaciones negativas de 2020 de Castilla-La Mancha que el Estado asumió, entre otras actuaciones.
Metodología para la condonación
El Anteproyecto de Ley recoge la metodología para el cálculo de la cifra de condonación que corresponde a cada comunidad y que el Ministerio de Hacienda ya trasladó a los gobiernos autonómicos el pasado mes de febrero. Además, dicha propuesta fue aprobada en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del mismo mes.
Posteriormente, el Ministerio de Hacienda ha mantenido reuniones técnicas individuales con la práctica totalidad de Comunidades Autónomas, incluida Castilla-La Mancha, para trasladarles la información más detallada.
La metodología responde a criterios objetivos, transparentes, de carácter técnico e iguales para todas las comunidades. En concreto, consta de tres fases.
– Fase 1. Se compara el crecimiento de la deuda autonómica durante la crisis financiera, es decir, entre el 31 de diciembre de 2009 y el 31 de diciembre de 2013 con el crecimiento del pasivo autonómico durante el periodo de la pandemia y el mayor impacto de la guerra de Ucrania, es decir, del 31 de diciembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2023. En el primer periodo, la deuda aumentó en 109.582 millones y, en el segundo, en solo 29.272 millones. Este cálculo arroja una cifra de 80.310 millones, un importe que refleja el sobreendeudamiento que registraron las comunidades por la ausencia de mecanismos de apoyo de la Administración Central en la crisis financiera.
Una vez identificado el sobreendeudamiento se utiliza un criterio técnico para fijar el reparto. El grueso de la distribución de la condonación se realiza a través del criterio de población ajustada. De hecho, el 75% del sobreendeudamiento detectado de 80.310 millones se realiza en función del peso de la media de la población ajustada de cada comunidad entre 2010 y 2022. Para Castilla-La Mancha esta distribución alcanza los 2.952 millones de euros de condonación, lo que supone el 18,27% de su deuda, un porcentaje por debajo de la media del 19,3% del conjunto de CCAA.
– Fase 2. El objetivo es que ninguna Comunidad Autónoma quede por debajo de la media de condonación por población ajustada. Por tanto, se eleva la condonación de aquellas comunidades por debajo de la media para garantizar que al menos tengan un 19,3% de condonación de deuda. En este caso, Castilla-La Mancha añade 170 millones de condonación porque se sitúa por debajo de la media, y así se equipararía.
– Fase 3. Se realizan dos ajustes adicionales. En el primero, se identifica a la comunidad autónoma que con la metodología seguida hasta ahora presenta una mayor condonación por habitante ajustado, que es la Comunidad Valenciana con 2.284 euros. Y, a continuación, se fija una condonación adicional hasta alcanzar ese mismo nivel para las comunidades autónomas que han tenido durante el período 2010-2022 una financiación homogénea por habitante ajustado inferior a la media.
En segundo lugar, se fija también una compensación adicional para aquellas comunidades que hayan ejercido al alza sus competencias normativas en el IRPF.
En el caso de Castilla-La Mancha esta tercera fase implica añadir otros 1.804 millones de euros más de condonación.
Los ajustes de estas fases tienen como objetivo intentar compensar e igualar a las comunidades en dos ratios que son susceptibles de generar comparaciones, como son el de deuda condonada sobre el total y deuda condonada por habitante. Una vez realizadas esas correcciones el importe total de la condonación para Castilla-La Mancha se sitúa en los 4.927 millones de euros.
Procedimiento de asunción de la deuda
El Anteproyecto de Ley también recoge el procedimiento para que el Estado asuma esa deuda autonómica. Dicho proceso, que es de carácter voluntario, dependerá de si se trata de una comunidad con o sin deuda del FLA.
En el caso de las Comunidades con deuda del FLA, como Castilla-La Mancha, la asunción de la deuda se aplicará mediante la cancelación o amortización de los saldos vivos de los préstamos con el FLA, hasta alcanzar el importe previsto en la ley para cada Comunidad, empezando por los más antiguos, hasta amortizar, si fuera necesario, el correspondiente a 2019. A partir de ahí, si es preciso para llegar a la cifra total a condonar, se cancelará el préstamo del FLA del año 2024 y después se cancelarán los de los años anteriores a éste. Es decir, 2023, 2022, etc.
Compatible con la reforma del sistema de financiación
La vicepresidenta Montero ha subrayado que la asunción de la deuda autonómica “no frena ni sustituye la reforma del sistema de financiación” en la que el Gobierno seguirá trabajando sobre una propuesta que beneficie a todos los territorios.
Por último, Montero ha reiterado que la condonación de la deuda beneficia a todas las Comunidades Autónomas, incluidas las gobernadas por el PP. “ De los 83.252 millones de euros de deuda que asume el Estado, casi 60.000 millones corresponden a deuda de comunidades gobernadas por el PP. Dicho de otra forma, 7 de cada 10 euros condonados benefician a las comunidades donde gobierna el PP”, ha destacado la titular de Hacienda, quien ha pedido a los presidentes autonómicos del PP que “recapaciten” y respalden una medida que es beneficiosa para los ciudadanos.
