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¿Cuántos desaparecidos hay en Albacete? Varias alertas son por menores

El Ministerio de Interior acaba de hacer públicas las alertas por Desaparecidos en España en 2019 y la provincia de Albacete tiene activas 12 búsquedas, de las que seis son de menores. En todo el panorama nacional, se indica que la mayoría de los casos de menores son fugas de centros vigilados, en muchos casos de menores extranjeros.

El número de 12 casos activos en la provincia de Albacete se ha mantenido en los últimos dos años. Interior suele presentar este informe en estos días, al ser el 9 de marzo el día de las Personas Desaparecidas sin causa aparente.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presentado, además, el paquete de medidas que han sido puestas en marcha por el Departamento para mejorar la eficacia en las investigaciones sobre personas desaparecidas y la atención a los familiares de las víctimas. Desde el año 2010 se han presentado en España un total de 174.883 denuncias por desapariciones de personas, de las que han sido resueltas 163.405, según el informe que ha servido de punto de partida para articular una mejor respuesta a este problema.

Entre las medidas destaca la puesta en marcha del Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante casos de Personas Desaparecidas, que ha sido elaborado tras un exhaustivo análisis y cuyo objetivo es servir de herramienta de base a emplear por los miembros de los Cuerpos policiales cuando tengan que hacer frente a un hecho de esta naturaleza.

Según ha explicado la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, este documento establece una nueva clasificación sobre las personas desaparecidas (desapariciones voluntarias, involuntarias y forzosas), algo fundamental debido a la gran casuística que muestra el entramado de las desapariciones, que, partiendo de una realidad abrumadora como es que la desaparición de una persona, conlleva unas circunstancias que la hacen única en cada caso.

INDICADORES DE RIESGO

En función de esta clasificación, el documento introduce unos Indicadores de Riesgo a valorar por los agentes ante el conocimiento de un hecho de esta naturaleza. En el protocolo se recopilan de manera ordenada los distintos aspectos de la actuación policial ante desapariciones, especificando de manera diferenciada aquellas acciones que deberán ser desarrolladas en función de la clasificación establecida, la tipología existente y la valoración del riesgo y el peligro presente para una persona sobre la que consta una denuncia por desaparición.

Por otra parte, se incluye un apartado concreto dirigido a los familiares, personas allegadas y conocidos de personas desaparecidas, donde se precisan aspectos relacionados con la atención, protección y orientación que debe dispensarse.

El ministro del Interior ha destacado en este sentido que el trabajo coordinado «es fundamental para aliviar la situación de los desaparecidos y de sus familias».  Esta misma mañana, antes de la presentación, el ministro, junto Botella y responsables del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), han mantenido una reunión informativa con familiares y representantes de las asociaciones de personas desaparecidas.

Este protocolo ha sido elaborado por el CNDES, creado el año pasado dentro de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y que se ha establecido como el órgano de gestión centralizada para la coordinación efectiva y permanente del sistema de personas desaparecidas. En la confección del documento se ha contado con la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Este protocolo ha sido aprobado a través de una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad, que además revisa el Sistema Alerta Menor Desparecido e incluye un nuevo sistema de alerta –Alerta Mayor Desaparecido–  para el colectivo de mayores de edad.

INFORME SOBRE DESAPARECIDOS

Otro de los puntos fundamentales de este paquete de medidas es el Informe Personas Desaparecidas 2019, cuya publicación nace de la necesidad de establecer auditorías de calidad que permitan conocer a fondo la situación real que envuelve a las desapariciones en España. 

El informe señala que desde el año 2010 se han registrado en España un total de 174.883 denuncias por desapariciones de personas, de las que han sido resueltas 163.405, es decir, un 93 por ciento.  Al acabar el año seguían activas 12.330 denuncias, lo que supone un 7 por ciento del total.

Más del 58 por ciento del conjunto de las denuncias por desaparición correspondieron a varones, y alrededor del 42 por ciento a mujeres. El 66 por ciento de las denuncias corresponden a desapariciones de menores de edad. El informe ha sido elaborado en base a los datos registrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Comunidades Autónomas.

COLABORACIÓN CIUDADANA

Grande-Marlaska también ha subrayado la importancia de la colaboración ciudadana, un elemento que  en muchos casos resulta crucial para esclarecer las desapariciones de personas. Ha apelado en este sentido a la sensibilidad de la sociedad española para hacer frente a este fenómeno. «Todos nos tenemos que sentir concernidos con este problema», ha dicho antes de explicar que existe una línea directa, el número 116000, para alertar y comunicar cualquier circunstancia en torno a la desaparición de un menor.

El ministro ha lanzado también el mensaje de que, en contra de una creencia muy extendida, no es necesario esperar 24 o 48 horas para denunciar la desaparición de una persona. Bien al contrario, se debe informar a la Guardia Civil o a la Policía «inmediatamente», porque las primeras horas en estos casos son cruciales.

Además, se ha puesto en marcha una página web específica del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), que, entre otras cosas y en diferentes idiomas, va a servir para publicar alertas de desapariciones, para ofrecer consejos y prevenciones y para contactar con el organismo. También se ha puesto en valor la funcionalidad para casos de desapariciones de Alertcops, la aplicación de móvil que permite comunicarse de una manera rápida y segura con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y que, entre otras cosas, permite a los ciudadanos emitir alertas geoposicionadas.