FACUA-Consumidores en Acción ha presentado un escrito al ministerio de Industria, Energía y Turismo en el que pide medidas contra la proliferación de las llamadas gasolineras low cost, aquellas que no cuentan con ningún tipo de personal que atienda a los consumidores en el servicio que ofrecen. Situación que denuncia que se da en Castilla-La Mancha, incumpliendo la legislación vigente, con 11 casos en concreto en Albacete. El dato provincial lo ha facilitado en un informe el sindicato CCOO.
La asociación recuerda que la ausencia de medios humanos en este tipo de establecimientos vulnera los derechos y la seguridad de los consumidores recogidos en el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
Más concretamente, la ausencia de personal provoca, entre otras cosas, la imposibilidad de verificar que las cantidades de combustible surtidas son las adecuadas y que los surtidores funcionen correctamente, presentar una hoja de reclamaciones o solicitar una factura.
Además, se pueden vulnerar los requisitos de seguridad exigidos en el artículo 43 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, dado que traslada absolutamente la responsabilidad de la seguridad al consumidor.
En su escrito al ministerio, FACUA recuerda que las gasolineras desatendidas vulneran especialmente la protección a las personas con algún grado de discapacidad, tal y como recoge el apartado primero del artículo 29 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
Por otro lado, la asociación denuncia que dicho modelo de negocio contraviene la normativa de tres comunidades autónomas, Andalucía, Navarra y Castilla La Mancha, ante cuyas autoridades de consumo se ha denunciado la vulneración de los derechos de los usuarios.
