Dos de los accionistas del Albacete Balompié, su presidente, José Miguel Garrido, y Saúl Ruiz de Marcos, exconsejero del club, aparecen relacionados con el último caso que se ha conocido que estudia el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y por el que citará a los actores Ana Duato e Imanol Arias por la presunta comisión de delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales en el marco de la causa en la que investiga las sociedades opacas creadas con ayuda del despacho de abogados Nummaria para defraudar a Hacienda.
Así, lo cuenta la periodista Ángeles Vázquez en el diario El Mundo, en una información en la que asegura que la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra los clientes del despacho Nummaria por un fraude fiscal global superior a 15 millones de euros se dirige contra un total de 34 personas, así como 12 sociedades que participaron en la ocultación de los fondos. Es en esa lista donde detalla los nombres de Garrido y Ruiz.
Anticorrupción afirma que el bufete registrado la semana pasada en Madrid ofrecía a sus clientes, entre los que se encontraban los actores, «la utilización de sociedades británicas (Limited o LTD) opacas, cuya titularidad real se oculta, y que no son más que entidades simuladas constituidas para fines ilícitos de todo tipo».
El hecho de que Saúl Ruiz de Marcos y José Miguel Garrido aparezcan en este asunto tiene que ver con fondos de la empresa Thesan Capital, que es una de las investigadas en este asunto. Ellos, junto a un tercero querellado, eran miembros del Consejo de Administración y desde ahí, siempre según el escrito de la Fiscalía, se transfirieron fondos a sociedades controladas por ellos.
De confirmarse esa circunstancia, y como apunta el fiscal anticorrupción en su escrito, las cuotas que se habrían defraudado corresponden al IRPF de 2013. En el mismo, se detalla que Saúl Ruiz sería por una cuota de algo más de 536.000 euros; José Miguel Garrido de unos 466.000 euros y el tercero que aparece en este asunto, José Luis Macho, por 1,9 millones de euros.
La querella habla de delito contra la Hacienda Pública.
