Lo cuenta hoy el periodista Cristóbal Guzmán en La Tribuna de Albacete, Preventia, la empresa que gestiona el Centro Médico de la Ciudad Deportiva, ha demandado al Albacete Balompié por los impagos registrados en el último año, y también lo hará en breve por el incumplimiento del convenio entre ambos.
La empresa era la encargada, entre otros servicios, de efectuar los reconocimientos médicos a la primera plantilla y a las categorías inferiores. Aunque el acuerdo se cumplió durante el primer año de vigencia, a raíz del cambio de Consejo de Administración se dejaron de abonar los reconocimientos de 2013, con un montante de cerca de 4.000 euros que incluían 28 pruebas de esfuerzo a jugadores de la primera plantilla y 86 reconocimientos básicos de las categorías inferiores.
Preventia se negó el pasado mes de julio a efectuar el estudio correspondiente a la pretemporada en vista de los impagos, y el club buscó la alternativa de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha (FFCM), como explica Guzmán en su artículo.
El convenio entre ambas partes obliga al club a abonar 6.000 euros anuales en material para el centro, y aspectos publicitarios como la instalación de vallas publicitarias en la Ciudad Deportiva y el Carlos Belmonte, que se han retirado. Además, consta en el acuerdo que si el club quiere recuperar la explotación del servicio, deberá pagar 60.000 euros como indemnización de un contrato que expira en el año 2032.
José Manuel Hernández, gerente de la empresa adjudicataria, reconoció a La Tribuna que han acudido a los tribunales para reclamar las cantidades adeudadas, primero a través de un proceso monitorio y más adelante con una segunda demanda por incumplimiento de contrato. Asegura que no han tenido otro remedio y explica que “cuando entró el nuevo Consejo todo eran buenas caras y nos pidieron un plazo de tiempo, pero tras el play off Santiago Pozas nos dijo que no había dinero y que no iban a pagar nada de la deuda generada por los consejos anteriores”.
Asegura que va a hacer “todo lo posible para cobrar porque, como al resto de proveedores acreedores, de ello depende la supervivencia de las empresas y de los trabajadores”.