El Ayuntamiento de Albacete atendió a 262 familias en el año 2021 dentro del Proyecto de Prevención e Intervención Familiar, desarrollado por la Concejalía de Atención a las Personas. Además, en 46 de las familias con las que se trabajó el pasado año se llegó a la conclusión de que era necesario activar medidas de protección para un total de 62 menores.
Así lo ha explicado el alcalde de Albacete, Emilio Sáez, tras visitar, junto a la concejala de Atención a las Personas, Juani García, y las responsables técnicas de este servicio municipal, los recursos sociales ubicados en los centros socioculturales de Parque Sur y Ensanche. Cabe recordar que la actuación de los Servicios Sociales del Ayuntamiento incluye desde la detección y recepción de la notificación de una posible situación de riesgo o desprotección de menores a la fase de estudio e investigación para, a continuación, abordar la valoración diagnóstica, la planificación de la intervención y, por último, la evaluación.
En concreto, el Proyecto de Prevención e Intervención Familiar es una iniciativa con la que el Consistorio de la capital trata de asegurar la correcta atención de las necesidades básicas de los y las menores en el seno de su núcleo familiar. Como ha detallado Sáez Cruz, se investigaron 161 familias, de las que el 51,6% resultaron ser casos donde se comprobaron una serie de indicadores de desprotección susceptibles de intervención y abordaje por parte de los Servicios Sociales de Atención Primaria, suponiendo 62 altas nuevas de familias con las que intervenir, frente a los 21 casos en los que, tras un periodo de estudio, se concluyó que no era preciso intervenir.
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Activación de medidas de protección
Además, en 46 de las familias con las que se trabajó en 2021 se llegó a la conclusión de que era necesario activar medidas de protección para los menores, concretamente, medidas de declaración de situación de riesgo para 52 menores, y declaración de Situación de Desamparo, con la consecuente asunción de tutela por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para otros 20 menores.
La detección de los casos a investigar procede de diferentes fuentes, las más habituales son comunicadas desde los Servicios Sociales especializados o de Atención Primaria (37%), ámbito educativo (32%), entorno familiar (13%) y ámbito judicial o policial (12%). El 6% proceden del ámbito sanitario.
Por otro lado, a lo largo de 2021 se contabilizaron un total de 116 familias que se dieron de baja en la intervención, bien por el traslado a otros municipios, por la mayoría de edad de los menores, por la adopción de una medida de desamparo y asunción de la tutela de los menores, por dejar de existir indicadores de riesgo, por la derivación a otros recursos como el Dispositivo de Atención al Menor (DIAM), y generalmente, por el cumplimiento de los objetivos marcados en el plan de intervención con las familias.
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Otro de los aspectos relevantes en el programa es la creación del Equipo de Intervención Familiar, que surgió como respuesta, desde el Servicio de Acción Social, a raíz de la crisis económica de la última década, que saturó el sistema de servicios sociales, incrementó el número de demandas para una atención individualizada y la tramitación de prestaciones económicas; sin olvidar que existen momentos durante la intervención en familias con menores en riesgo, en los que la atención se tiene que intensificar; actuando con aquellas consideradas de riesgo, en función de criterios como la dificultad en la resolución de conflictos.
Metodología de intervención
Como ha explicado la concejala de Atención a las Personas, Juani García, desde el Proyecto de Prevención e Intervención Familiar se trabaja, por un lado, con medidas de carácter preventivo, “para evitar que los y las menores deban abandonar el núcleo familiar”. En este caso, el perfil que tienen las familias destinatarias es el de aquellas en las que hay menores de 18 años y que, por diversas circunstancias, tienen dificultades para cumplir la función educativa, socializadora y protectora que sus hijos e hijas requieren, situándoles en una situación de riesgo leve o medio de desprotección.
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El segundo nivel de intervención busca conseguir el retorno de los y las menores a los hogares después de la pérdida de la tutela por parte de sus progenitores. “Está dirigida a los casos de situación de desprotección, entendiendo como tal, la que se produce en las familias con menores con necesidades básicas sin cubrir a causa de sus circunstancias familiares o el comportamiento de sus madres y padres, responsables legales o personas adultas”, ha reseñado la concejala de Atención a las Personas, destacando que “en estos casos son los Equipos de Protección, del Servicio de Infancia y Familia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, los que proponen nuestra implicación y seguimiento con el propósito de modificar las causas que dieron lugar a la retirada de la tutela con la finalidad del retorno de los menores al núcleo familiar de convivencia”, ha concluido.
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