El Congreso de los Diputados suprimió las pensiones parlamentarias en 2011, pero en la actualidad hay más de un centenar de exdiputados y exsenadores que entonces ya habían generado el derecho a cobrar estas cantidades para complementar sus propias prestaciones y que, por tanto, siguen recibiendo un pago mensual de las Cortes Generales; en el 45% de los casos, esa cifra supera incluso los mil euros al mes.
Entre ellos, y según los últimos datos recogidos por el Congreso, se encuentra el expresidente de Caja Castilla-Mancha Juan Pedro Hernández Moltó, que fue diputado del PSOE entre 1989 y 1999 y que fue condenado por la Audiencia Nacional a dos años de prisión por un delito societario de falsedad contable por manipular las cuentas de la entidad. El Congreso le abona 247,99 euros al mes que complementan su pensión.
Cabe recordar que este tipo de ayudas sólo se conceden a quienes así lo solicitan, como hizo Hernández Moltó, y le fue aprobado en mayo del pasado año.
En concreto, el derecho a mantener estas pensiones se conservó para los que ya podían hacerlo el 13 de diciembre de 2011. Se trata de exparlamentarios que estuvieron un mínimo de siete años en el escaño y que al jubilarse no habían alcanzado el límite máximo de percepción de pensiones. El Congreso, con cargo a su presupuesto, les hace un ingreso mensual para que lleguen a la pensión máxima, como detallan medios nacionales.