El Gobierno plantea rescatar a la decena de autopistas de peaje -entre ellas la de Ocaña-La Roda- que están en riesgo de quiebra integrándolas en una empresa pública, pero para ello ha planteado a los bancos acreedores de las vías aplicar una quita de hasta el 50% en la deuda que soportan.
De esta forma, la nueva sociedad pública de autopistas sólo reconocería a los bancos unos 2.400 millones de deuda, en vez de los 3.800 millones que actualmente suman las vías, según lo detallan medios nacionales.
Además, los 2.400 millones de euros de deuda con que se constituiría la nueva empresa nacional de autopista se convertiría en un bono con vencimiento a treinta años y con una rentabilidad del 1%.
El recorte en volumen de deuda reconocido arroja una quita del 36%. A ella es preciso sumar la quita adicional implícita que supone alargar en plazo de vencimiento de este pasivo hasta los treinta años, lo que eleva la quita total hasta un 50%.
En virtud de este proyecto, el Estado asumiría además la deuda de hasta 1.200 millones de euros a la que las autopistas pueden tener que hacer frente para pagar expropiaciones de los terrenos sobre los que se construyeron.
El Gobierno finalmente ha optado por el proyecto de sociedad pública de autopistas para solucionar el problema de estas vías, en vez de abordar su liquidación, pero con las condiciones planteadas a los bancos para evitar que la nueva empresa pública impacte en las cuentas públicas, sobre todo en el déficit.
Fomento y Hacienda han dado de plazo hasta el próximo lunes a los bancos para que decidan si finalmente aceptan este modelo, según apuntaron dichas fuentes, que no obstante indican que las entidades ven esta solución como «la menos mala» frente a la alternativa de la liquidación.
La nueva empresa pública de autopistas, que se debe aprobar por Real Decreto en Consejo de Ministros, integraría a nueve empresas concesionarias que suman 748 kilómetros de autopistas, más de una quinta parte (el 22%) de la actual red de pago.
Se trata de las cuatro radiales de Madrid, la autopista que une la capital con el aeropuerto de Barajas, la Madrid-Toledo, la Ocaña-la Roda, la Cartagena-Vera y la Circunvalación de Alicante. Sus sociedades concesionarias están controladas por grandes constructoras cotizadas y alguna entidad bancaria.
Estas autopistas están actualmente en proceso de concurso de acreedores por el desequilibrio económico que les ocasionó el sobrecoste de las expropiaciones de los terrenos y el desplome del tráfico desde que empezó la crisis.
La opción de liquidar estas vías supondría un coste de unos 5.000 millones de euros para el Estado, además de un proceso judicial con sus concesionarias, según indicaron recientemente estas empresas, que aseguran haber perdido ya 1.800 millones de euros en estas autopistas.
