El Gobierno ha aprobado este viernes, con la opinión en contra de todos los partidos de la oposición, el controvertido real decreto sobre autoconsumo eléctrico a través de sistemas como los paneles fotovoltaicos. Esta norma incluye una serie de peajes. Entre ellos, el llamado impuesto al sol, que grava el autoconsumo de la energía que se produce desde esos paneles. El decreto no contempla, como se demandaba desde el sector, el balance neto, algo que potenciaría la implantación de estos sistemas de autoconsumo en España. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha defendido la nueva norma como un «impulso a las renovables”, mientras que organizaciones de todo tipo y partidos acusan al Gobierno de justo lo contrario: de obstaculizar el desarrollo de las energías limpias.
En Albacete, la tercera provincia de todo el país con más instalaciones de placas solares, son numerosos los propietarios de algunas de estas placas que se verán afectados por la medida.
La oposición en bloque se comprometió en julio a derogar la norma en cuanto puedan.
Para aquellos que vayan a instalar sistemas de autoconsumo y no estén enganchados a la red, la nueva regulación no establece peajes para mantener el «coste del sistema eléctrico», ha resaltado Industria. Los conflictos comienzan con los que se conecten, que se presume que serán mayoría ya que se consume más energía en las horas del día en las que el sol se ha puesto, por lo que la red hace de respaldo.
Quienes están en contra lamentan que con esta medida “se grava la energía producida por un particular y que consume dentro de casa”.
Los detractores de la medida lamentan que “las inversiones en estos sistemas son para muchos años, por lo que es un riesgo tremendo”.
En el real decreto se establecen dos categorías de autoconsumidores enganchados a la red: los pequeños —con instalaciones de menos de 100 kilovatios— y los grandes, que superan ese límite. Según el ministro, los pequeños podrán verter a la red el sobrante de la energía que generen, aunque no recibirán ni un euro por ello. A los mayores sí se les pagará por el sobrante. El precio, según el ministro, será el que marque el mercado a la hora a la que se suelte la energía a la red.
