- Juan Ángel Martínez: “La mayor parte de los 1.500 alojamientos y casas rurales de la provincia de Albacete con de menos de 20 habitaciones y muchos de ellos ni tan siquiera son profesionales del sector”
- Reclama un consenso con el sector y que no se impongan medidas gubernamentales que generan duplicidades y convierte en policías a los pequeños gestores de Turismo
El Grupo Popular de la Diputación de Albacete ha lamentado el rechazo del Partido Socialista a su iniciativa para pedir al Gobierno de España la derogación del Real Decreto 933/2021 de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, habida cuenta del impacto extremadamente negativo que su implementación está ocasionando a la realidad operativa y funcional de las pequeñas empresas turísticas, a las que en la práctica convierte en policías.
De esta forma, el diputado provincial Juan Ángel Martínez, ha trasladado al Pleno de la Diputación la preocupación del sector turístico, teniendo en cuenta que en la provincia de Albacete existen unos 200 los alojamientos hoteleros, hostales o pensiones, la mayoría de ellos de menos de 20 habitaciones, además de 1.200 casas rurales.
“Estamos hablando de 1.500 alojamientos en la provincia, sin contar campings, muchos de ellos pequeñas empresas o ni siquiera autónomos, sino más bien de personas que complementan su actividad profesional principal con el alquiler de casas rurales. Estos datos nos hacen ver que el sector turístico tiene una gran parte de alojamientos no profesionales, que con todas estas trabas burocráticas y administrativas, hacen que se estén replanteando la continuidad en el sector”, ha explicado Juan Ángel Martínez.
Asimismo, el diputado provincial del Grupo Popular ha señalado que con el argumento de la mejora de la seguridad, el Gobierno exige la recogida de datos como es el número de referencia del contrato desde el momento que se hace la reserva independientemente de que se cancele o no; comunicación de la cancelación en su caso; fecha del contrato, fecha y hora de entrada del cliente; fecha y hora de salida; e identificación del medio de pago, así como los datos de teléfono o correo electrónico de todas las personas alojadas mayores de 14 años.
“Queda claro que no es un problema de seguridad, sino más bien de control de los ciudadanos, a los que el Gobierno exige por parte de las empresas, autónomos o gestores de alojamiento que dificulta todavía más la labor de los mismos” ha argumentado el diputado provincial y alcalde de Aýna.
Igualmente, Juan Ángel Martínez ha reclamado un consenso con el sector del Turismo, en tanto que ha pedido descartar en lo sucesivo cualquier medida o acción gubernamental lesiva, generadora de duplicidades o de carácter ineficiente o de inviable aplicación como es el presente caso, que puede dañar la actividad turística y atentar contra la intimidad y seguridad de turistas y clientes, traduciéndose en la práctica en una pérdida de las cotas de competitividad turística de nuestros destinos.
