El ex-ministro de Interior y diputado del Grupo Socialista en las Cortes Generales, Antonio Camacho, calificó como «un misil dirigido contra los derechos que están reconocidos» la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana impulsada por el actual gobierno del Partido Popular, al que criticó con dureza por «su forma de legislar» dado que, a su juicio, «pone de manifiiesto que no cree en la Constitución y que no cree en las libertades». 

 

Camacho participó junto al también diputado socialista Manuel González Ramos en la mesa redonda que Jueces Para la Democracia organizó en la Facultad de Derecho de Albacete dentro de la jornada que llevaba por título ‘Orden público y restricción de las libertades’. En ella, el ex-ministro y también ex-secretario de Estado de Seguridad lamentó la apuesta del Partido Popular por una reforma legislativa «que nos plantea un grave problema de involución» y que, en el apartado dedicado a los desórdenes públicos, «deja claro que al PP lo de los derechos cívicos le importa poco».  En su opinión, estamos ante una «política criminal autoritaria» fruto de la «utilización del derecho penal para luchar contra aquellos que piensan que son sus enemigos». «Esta reforma de lo que trata es de aterrorizar a los ciudadanos», concluyó.

 

González Ramos coincidió en señalar la inoportunidad de reformar una Ley «que tenemos vigente desde el 92, que ha funcionado bien y que hemos aplicado tanto gobiernos socialistas como del Partido Popular» y advirtió que «es muy posible que muchos de los artículos de la propuesta del PP sean anticonstitucionales». El diputado por Albacete contextualizó la protestas y movilizaciones ciudadanas actuales «en una crisis económica y social que provoca que la gente salga a la calle» y consideró «completamente desmedidas» algunas de las sanciones que la reforma recoge. «Nos encontramos con medidas que provocan la existencia de un Estado policial que apuesta por disuadir a la gente para que no salga a la calle», subrayó González Ramos, «por lo que desde el PSOE creemos que el anteproyecto de Ley no es necesario de ninguna de las maneras puesto que un Ejecutivo no puede ir en contra de la Constitución Española».