La concejal del Grupo Municipal Socialista, Marisa Sánchez Cerro, lamentó que “Carmen Bayod y su concejal de Urbanismo, lejos de facilitar que los vecinos puedan cumplir con la ordenanza municipal que obliga a las edificaciones con una antigüedad superior a 50 años a someterse a una inspección técnica, por dejadez e irresponsabilidad, están dificultando que los ciudadanos cumplan con este trámite de obligado cumplimiento”.
Solo así se puede entender, precisó la edil socialista, que a fecha de hoy aún no se haya publicado la relación del censo de edificios que tendrán que superar este trámite durante 2014, a pesar de que el reglamento indica que tenía que haberse publicado en el último trimestre del pasado año.
De ahí que Sánchez Cerro manifestase que resulta “un ejemplo nada edificante que el Ayuntamiento exija que los vecinos tengan que superar este nuevo trámite, que les supondrá un desembolso económico extra en una coyuntura tan complicada como la actual, mientras Carmen Bayod y Díaz de Prado son incapaces de cumplir con sus obligaciones”.
Este retraso, motivado por la desidia ‘popular’, afecta a los 1.100 edificios de la ciudad de Albacete y sus pedanías que tienen que superar la ITE en 2014 y que, a fecha de hoy, aún desconocen que sus viviendas están afectadas por esta normativa, informó Marisa Sánchez Cerro, que añadió que esta caótica situación se agrava, porque aún restan 1.300 viviendas correspondientes al pasado ejercicio por someterse a la inspección, a cuyos propietarios ni tan siquiera les han notificado que el plazo para cumplimentar este trámite les expirará el próximo 31 de marzo.
En este punto, la concejala del PSOE recordó como, en el Pleno del pasado mes de diciembre y con objeto de prevenir la situación que finalmente se ha producido, el Grupo Socialista presentó un moción en la que solicitaba para estas 1.300 viviendas una demora de 6 meses para cumplimentar la ITE, puesto que, tal y como ha sucedido, “si el concejal no fue capaz de informar a los propietarios a lo largo de 2013, difícilmente iba a hacerlo después en tres meses, pero Carmen Bayod y su concejal de Urbanismo optaron por hacer oídos sordos a esta propuesta, como hacen con las quejas de los vecinos afectados, que denuncian falta de información y ausencia de medidas para evitar que las familias con dificultades económicas tengan que hacer un desembolso que podría comprometer sus recursos económicos”.
Ante la incompetencia, adujo Sánchez Cerro, que están exhibiendo, tanto Bayod como Díaz de Prado, en la aplicación de esta normativa, han tenido que ser los propios vecinos, como está ocurriendo en el Barrio de Santa Teresa, los que se están organizando para suplir las labores de información que tendría que haber asumido el Equipo de Gobierno.
En este punto, la edil del PSOE recordó que han sido numerosas las propuestas realizadas por el Grupo Socialista con un doble objetivo, por una parte, facilitar que los vecinos puedan cumplir con la normativa y, por otra, que ésta también la puedan asumir las familias que atraviesan dificultades.
Para este último supuesto, tal y como detalló Sánchez Cerro, el PSOE propuso que el Ayuntamiento, a través de la empresa pública URVIAL, realizara la inspección bajo petición de los interesados, en aquellos casos en los que la unidad familiar tenga a todos sus miembros en paro.
Asimismo, recientemente, en una reunión con representantes de los colegios de profesionales responsables de realizar estas revisiones, apoyaron la misma propuesta que en su día desestimó Carmen Bayod, cuando se la sugirió el PSOE, para que se suscribieran convenios entre estos colectivos y el Consistorio que hicieran posible que, tanto para las viviendas de carácter social como para las ubicadas en las pedanías, se establezca un justiprecio.
“Se está utilizando la misma vara de medir para todos los edificios, y no todos los propietarios están en las mismas circunstancias”, argumentó la concejala socialista, que incidió en que “esto parece una obviedad para todo el mundo, salvo para nuestra alcaldesa”.
Otro problema suscitado en la aplicación de esta normativa, indicó Sánchez Cerro, “es que, tal y como nos han indicado los colegios de profesionales, existen serias dudas en torno a si las actas que se están firmando van realmente visadas por el colegio profesional autorizado y si el profesional que las ha realizado está colegiado, tiene la titulación adecuada y cumple con el protocolo a seguir para la inspección”.
