Funcionario del Ayuntamiento de Albacete han lanzado un escrito para denunciar que, por parte de “ciertos concejales de determinados partidos políticos” hay “injerencia” “en el desempeño de nuestras funciones”. En su escrito hacen referencia explícita al portavoz del Grupo Municipal Socialista, Modesto Belinchón, y al exconcejal del PSOE Antonio Martínez.
Los empleados públicos, que quieren defender su profesionalidad y honestidad, condenan las manifestaciones públicas de los citados políticos respecto a la celebración de la Mesa de Contratación para clasificar las ofertas presentadas y proponer a la Junta de Gobierno Local la adjudicación del contrato de Conservación, Mantenimiento, Adecuación y Mejora de Zonas Verdes y Espacios Naturales de Albacete a la proposición más ventajosa conforme a la valoración de los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del Contrato.
Por su interés, reproducimos el comunicado:
Tal situación de permanente injerencia política, ha tenido como colofón la intervención, que no podemos más que calificar de desafortunada, del Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Modesto Belinchón, y de un ex concejal del mismo Grupo, Antonio Martínez en distintos medios de comunicación locales, tanto escritos como audiovisuales y digitales, con ocasión de la celebración de la Mesa de Contratación, órgano colegiado de asistencia técnica especializada en materia de contratación pública, el día 16 de octubre de 2018 para clasificar las ofertas presentadas y proponer al órgano de contratación (la Junta de Gobierno Local), la adjudicación del Contrato de Conservación, Mantenimiento, Adecuación y Mejora de Zonas Verdes y Espacios Naturales de Albacete a la proposición más ventajosa conforme a la valoración de los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del Contrato.
El Portavoz del Grupo Socialista llegó al extremo de convocar una rueda de prensa con anterioridad a la celebración de la Mesa de Contratación para denunciar lo que él califica de «irregularidades» y, a tales efectos emitió su voto discrepante, provocando la sospecha de la actuación de los demás vocales, denunciando posteriormente «la fluida comunicación entre el equipo de gobierno y los técnicos municipales» (COPE Albacete, de 16 de octubre de 2018) que, según él, haría innecesaria la presencia del PP en dicho órgano.
Lo cierto es que tanto en los actos preparatorios del contrato, como en la reunión de la Mesa de Contratación, como en sus declaraciones posteriores, el citado concejal ha manifestado un interés inusitado en mantener una posición contraria a la legalidad, con la finalidad de alcanzar un resultado distinto al propuesto y, como decimos, contrario al Pliego de Cláusulas. En este sentido, no es cierto como afirma el Sr. Belinchón que «en el caso de que la mesa hubiese aceptado las alegaciones del PSOE, la adjudicataria del contrato habría sido la misma empresa OHL» (Albacete Abierto, la Tribuna de Albacete, 24 de octubre de 2018. Por ej.). Si no se hubiese tenido en cuenta, tal y como proponía el PSOE en la Mesa de Contratación, la mejora ofertada por OHL de instalación de farolas solares y si se minorase, como también proponía, el importe de la mejora de adecuación de recintos caninos al excluir los dos solares en los que manifestó que era inminente la ejecución de las obras de dos colegios, la puntuación total de la oferta de los licitadores se hubiera visto alterada pasando a ser la propuesta de adjudicación más ventajosa, la presentada por la mercantil FFC.
En relación con lo anterior, las injerencias y presiones políticas de todo orden que venimos a denunciar y que se producen a través de declaraciones a los medios de comunicación, en reuniones personales con la finalidad de influir o directamente modificar una decisión o informe técnico o jurídico, con discusiones técnicas y jurídicas, filtración de datos de expedientes a terceros, etc.. generan, sin duda, la máxima indefensión a los funcionarios municipales compelidos en este abuso de poder y dificultan su trabajo poniendo su profesionalidad en tela de juicio y sembrando la duda en la opinión pública sobre la objetividad, responsabilidad, imparcialidad y profesionalidad que preside su actuación, principios todos ellos que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos, manifestación de la vocación de servicio a los intereses generales que reserva y mandata la Constitución para la actuación de la Administración Pública.
Resulta grave, ciertamente, que tengamos que contestar a las acusaciones proferidas por el ex concejal socialista, Sr. Martínez en su carta abierta a Manuel Serrano, publicada en Masquealba el día 22 de octubre de 2018 que viene a sugerir una posible corruptela de los técnicos de la Mesa de Contratación que defendieron técnica y jurídicamente la propuesta de adjudicación del contrato a OHL por no ser la elegida y defendida con apasionamiento, ahínco e insistencia por el Portavoz del Grupo Socialista. En dicha carta, el ex concejal conmina al Alcalde de Albacete para que devuelva el asunto a la Mesa de Contratación «donde se ha trajinado todo el expediente», es decir, lo conmina a apartarse de la propuesta técnica y todo ello porque considera que las «opiniones» de los técnicos pueden ser «erróneas» o «no acertadas».
Don Antonio Martínez, nosotros ejercemos nuestras atribuciones sin comprometer la neutralidad de los servicios públicos y no nos corresponde, en dicho ejercicio, emitir nuestra opinión. Lo que sí hacemos, y es nuestro deber, es emitir informes técnicos y/o jurídicos o votar en los órganos colegiados con criterios técnico/jurídicos y no de oportunidad política y lo hacemos bajo nuestra exclusiva responsabilidad. Ni qué decir tiene, como diría el experto en contratación pública Gimeno Feliú, que los criterios de valoración de las ofertas deben necesariamente guardar relación con el qué y nunca con el quién.
Por lo tanto, si las Leyes y el Derecho al que estamos sometidos plenamente no son de su agrado, produzca su cambio pero no descalifique la actuación profesional de los técnicos municipales para justificar su protesta política.
El ataque injustificado y público a funcionarios por parte de ciertos políticos municipales viene siendo habitual en los últimos meses en que la contratación administrativa se ha convertido en materia electoral. Desde esta posición, no podemos más que defender la independencia, profesionalidad y lealtad institucional que preside la actuación de los empleados públicos frente a los intereses políticos, sean los que fueran y vengan de donde vengan.
El funcionariado ejerce las funciones que les son propias, bajo la dirección política del Equipo de Gobierno, pero con pleno sometimiento a la Ley y al Derecho, cumpliendo de esta forma con el mandato constitucional. Lo anterior no significa negar o devaluar el papel democrático que se atribuye a los partidos políticos como cauce de participación y representación de los diversos intereses individuales y colectivos, sino hacer posible la diferencia constitucional entre el Gobierno y la Administración; todo ello, sin perjuicio del control político al Gobierno que corresponda. Pero «controlar» no significa ultrajar, denigrar o desprestigiar a los funcionarios implicados. Transgredir este orden de cosas establecido como garantía del funcionamiento de la Administración Pública se traduce en las injerencias de las que nos hacemos eco y venimos a denunciar.
Por otra parte, es preciso indicar que la búsqueda de los intereses generales por la Administración en el sector de la contratación pública, actuando con objetividad y con sometimiento pleno a la ley y al Derecho, se hace precisamente efectiva gracias a los controles que como órgano colegiado desarrolla la Mesa de Contratación cuyos vocales, han sido grave e injustamente descalificados por el Grupo Municipal Socialista.
Por lo expuesto, reiteramos, por su gravedad, la DENUNCIA por esas injerencias y presiones políticas que venimos sufriendo, fundamentalmente con motivo de los informes y propuestas técnico/jurídicas que emitimos en el desempeño de las funciones propias del puesto de trabajo que ocupamos y que conlleva nuestra participación en ciertos órganos de estudio, informe, consulta o de asistencia técnica especializada como es la Mesa de Contratación, y SOLICITAMOS al Equipo de Gobierno que adopte las medidas necesarias tendentes a evitar tales injerencias y presiones, facilitando la realización de nuestras funciones de forma libre y honesta y en este sentido, se proceda a la DESPOLITIZACION de las mesas de contratación en la medida en que la presencia de cargos públicos representativos es potestativa en la Administración Local y se prohíbe en la Administración General del Estado, prohibiéndoles igualmente la emisión de informes de valoración de las ofertas, cuestión que ya ha sido asumida en Ayuntamientos de diverso signo político en donde en la composición de los miembros de la mesa de contratación no participan cargos públicos representativos.
