Amparo Torres, senadora del PSOE por Albacete
La inteligencia artificial ya no es un concepto del futuro ni un debate reservado a expertos. Es una realidad que está transformando nuestra economía, el empleo, los servicios públicos y, de manera muy profunda, nuestra convivencia democrática.
Hoy, los algoritmos ya evalúan rendimientos, asignan tareas e influyen en despidos. Cuando estas decisiones se toman sin transparencia, la desigualdad se automatiza y la relación laboral se deshumaniza.
El acceso a los beneficios de la inteligencia artificial es hoy profundamente desigual. Mientras algunas grandes empresas avanzan rápidamente gracias a ella, muchas pymes carecen de recursos, conocimiento o seguridad jurídica para hacerlo. No podemos permitir una economía digital sólo para unos pocos.
La IA puede mejorar la calidad de nuestra sanidad pública, personalizar diagnósticos y tratamientos, acelerar la investigación y salvar vidas. Pero sin repositorios públicos de datos bien gobernados, ese potencial se pierde.
La inteligencia artificial debe ser una herramienta de inclusión. Tecnologías como la robótica asistencial o los sistemas inteligentes pueden mejorar el día a día de personas con discapacidad.
Y no podemos olvidar el impacto ambiental. La digitalización consume energía y recursos. Por eso tenemos que defender centros de datos eficientes, alimentados por renovables, y el uso de la IA para optimizar el consumo de agua, energía y recursos naturales. No hay transformación digital sin responsabilidad ambiental.
Como senadora del PSOE y ponente de la Ponencia de Estudio para evaluar la importancia de la inteligencia artificial en el uso de los datos y otros campos beneficiosos para la sociedad en el Senado, he tenido la oportunidad de participar durante más de un año en un trabajo parlamentario riguroso, constructivo y dialogante. Un trabajo que demuestra algo esencial en estos tiempos: que la buena política es posible cuando se elige priorizar el interés general y se asume la responsabilidad de gobernar los cambios.
La principal conclusión de esta ponencia es clara: la inteligencia artificial no es sólo un reto tecnológico. Es un desafío social, laboral, ético y democrático. Por eso defendemos un modelo que sitúa al ser humano en el centro, donde la
innovación avance de la mano de los derechos, la cohesión social, la inclusión y la sostenibilidad.
La pregunta no es si debemos avanzar, sino cómo lo hacemos y para quién. Porque la IA puede mejorar la sanidad pública, personalizar la educación, reforzar los servicios sociales o generar empleo de calidad. Pero también puede convertirse en una nueva fuente de desigualdad, precariedad y vulneración de derechos si se deja exclusivamente en manos de un mercado que hoy es dominado por cuatro tecno-oligarcas.
Cuando la tecnología se desarrolla sin límites, sin responsabilidad pública, las consecuencias son peligrosas. La proliferación de deepfakes, la desinformación masiva o la hipersexualización de contenidos generados por inteligencia artificial afectan de forma directa a la calidad democrática y, de manera especialmente grave, a las mujeres, a la infancia y la adolescencia.
No es casualidad que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado recientemente una medida tan necesaria como valiente: prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, así como reforzar el marco legal que obliga a las plataformas digitales a asumir su responsabilidad. Y esto, por mucho que algunos griten, por mucho que otros amenacen, no es censura, sino protección de nuestros derechos fundamentales, empezando por el derecho de niños y niñas a un desarrollo seguro, libre de violencia digital, adicciones y manipulación algorítmica.
Por eso, las nuevas medidas legales anunciadas por el Gobierno —mayores obligaciones de transparencia, sistemas efectivos de verificación de edad, sanciones reales ante incumplimientos y límites claros al uso de algoritmos opacos— son un paso imprescindible para recuperar el control, equilibrar la balanza entre el poder de las grandes plataformas y los derechos de la ciudadanía.
La desinformación tampoco es un fenómeno marginal. Hoy la tecnología permite fabricar discursos que nunca se pronunciaron, imágenes que nunca existieron y noticias diseñadas para engañar, polarizar y erosionar la confianza en las instituciones. Cuando la mentira no se distingue de la verdad, la democracia se debilita.
Frente a este desafío, la respuesta no puede ser únicamente tecnológica ni exclusivamente punitiva. Debe ser también educativa. Invertir en alfabetización mediática y digital es una política de defensa democrática. Significa formar ciudadanos y ciudadanas críticas, capaces de contrastar fuentes, identificar manipulaciones y ejercer su libertad con información veraz.
Europa tiene una ventaja única: un modelo que une innovación y derechos. Pero no podemos ser ingenuos, el contexto internacional es preocupante e incierto, y el modelo de convivencia y valores democráticos que nos hemos dado tiene muchos enemigos, externos sin duda, pero también internos. Regular no es frenar el progreso; es ordenarlo, hacerlo justo y ponerlo al servicio de la mayoría social. Esa es nuestra identidad y nuestra fortaleza. Esta es nuestra seguridad y nuestra protección.
