Interinos en ‘fraude de ley’ han vuelto a protestar hoy frente a la puerta del Ayuntamiento de la capital para recordar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Albacete que «tiene encima de la mesa una propuesta con la que pretende incumplir con la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público».
Han advertido que: «Si sigue adelante con su propuesta, va a dar lugar a desmantelar varios servicios públicos de la ciudad (despidiendo alrededor de 200 empleados y empleadas municipales con más de 20 años de experiencia), la mayoría de ellos dirigidos a servicios prestados directamente a la ciudadanía, como son los servicios sociales, empleo, escuelas infantiles, universidad popular, IMD, urbanismo, y promoción económica, entre otros».
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«Además de incumplir con la Ley y dejar de apostar por servicios de calidad, si sale adelante esta propuesta, con la complicidad del resto de grupos políticos, serán responsables del desembolso de más de 5.000.000 de euros para pagar las indemnizaciones por despidos. Despidos que pagarán todos los ciudadanos y ciudadanas de Albacete, para ver cómo los servicios que obtienen a cambio se ponen “patas arriba”», han aseverado.
Y todo ello incumpliendo una Ley hecha para todo el Estado por el mismo grupo político, como lo señalan.
Han expuesto que esta Ley contempla un “último proceso de estabilización” con el objetivo de “situar la tasa de temporalidad estructural por debajo del 8 por ciento en el conjunto de las Administraciones Públicas españolas”.
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Para ello, obliga a las Administraciones a convocar por una sola vez concursos de méritos extraordinarios de acceso a la función pública, esto es, a valorar únicamente méritos (sin tener que volver a pasar otro nuevo proceso selectivo con examen) para adquirir la condición de funcionario de carrera en plazas que venían estando ocupadas temporalmente al menos cinco años en situación de abuso de temporalidad.
Cientos de administraciones públicas, entre ellas la Diputación de Albacete, gobernada por el mismo partido del que forma parte de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, están aprobando Bases de convocatorias que se ajustan a los criterios del Tribunal Constitucional (Sentencia 12/1999), como lo han recordado los interinos.
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Mientras que el Ayuntamiento de Albacete no está planteando este proceso como un acceso a la función pública para estabilizar el trabajo temporal sino como un proceso de concurso de traslados de funcionarios entre Administraciones públicas, que mermaría la calidad del servicio público por la pérdida de capital humano con años de experiencia en los puestos de trabajo.
Este planteamiento es contrario al objetivo de reducir la temporalidad por debajo del 8 por ciento en el conjunto de las Administraciones (la temporalidad se trasladaría de una administración a otra) y contrario a la Directiva 1999/70 y sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga a proteger a los trabajadores cuando se han producido abusos de temporalidad.
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Ante tal despropósito, las alrededor de 200 familias con miembros en abuso de temporalidad empleados por este Ayuntamiento y sus organismos autónomos están convencidas de que lo que es Constitucional, es Legal. Y lo que es Legal en la Diputación, es Legal en el Ayuntamiento, por lo que PIDEN:
· Que se cumpla la Ley 20/2021, haciendo un verdadero concurso de méritos de acceso a la función pública y no un concurso de traslados encubierto.
· Que se aprueben unas Bases de estabilización como las planteadas en la Diputación de Albacete, con aval del Tribunal Constitucional.
«Por lo que esperamos que se retomen las negociaciones con voluntad de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Albacete para cumplir con la Ley, evitar despidos e indemnizaciones millonarias, y seguir prestando servicios de calidad», destacan.
